Nadie en el Gobierno de Rajoy ha pedido explicaciones a las comunidades del PP que habían ocultado 3.000 millones de euros de su déficit. Madrid, Valencia y Castilla y León maquillaron sus números y desencadenaron que la Unión Europea anunciara un examen a las cuentas de las autonomías. Ayer, Madrid y Valencia no atinaron a explicar qué es lo que ha ocurrido para que bajo su alfombra se quedaran deudas sin computar, pero no importa. Un día antes el presidente Rajoy restó importancia a esa desviación que elevó el dato del 8,5 al 8,9%. Ayer, el ministro Cristóbal Montoro simplemente arguyó que el plan de pago a proveedores ha permitido aflorar déficit no reconocido hasta ahora.

Los hechos quizás tendrían menos relevancia si no fuera porque dejan en evidencia la estrategia del Gobierno del PP contra Andalucía y el doble rasero aplicado a la hora de examinar a las comunidades. ¿Y si hubiera sido Andalucía la pillada con facturas escondidas en los cajones? El pasado jueves, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó los recortes en las autonomías, la comunidad andaluza estuvo en la cuerda floja. Se llevó una bronca por sus números y le exigieron un recorte adicional de 220 millones. Ya el Gobierno sabía lo ocurrido con esas otras autonomías.

De lo que han hecho Madrid o Valencia precisamente llevan meses acusando al Gobierno andaluz: de mentir sobre el déficit. Hasta el punto de que fue la propia Junta la que pidió que se enviaran a auditores desde Bruselas. Ayer, la Comisión Europea confirmó que habrá un revisión "exhaustiva". "Habrá una misión de expertos de Eurostat que discutirá con sus homólogos del Instituto Nacional de Estadística el origen de estas desviaciones y y qué medidas se tienen que tomar para que no vuelva a suceder", explicó el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altajaf (ver página 29).

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, insistió en una entrevista en RNE en que cumplirá con la ley y hará los recortes necesarios para reconducir el déficit, pero criticó que Andalucía se le está dando un trato "injusto" que la "perjudica notablemente". Del recorte autonómico total de 38.000 millones, Andalucía asumirá el 21% aunque su déficit representa el 14%. Griñán lamentó que se hayan sembrado dudas sobre Andalucía "de forma gratuita", mientras se callaba sobre otras comunidades.

RECORTE EN INVERSION Confirmó que el ajuste adicional de 200 millones de euros que se exige a Andalucía recaerá en la inversión pública, que se ha desplomado en los últimos cuatro presupuestos. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, lamentó que el Gobierno haya mirado "con lupa" a Andalucía y hecho "la vista gorda" con otras comunidades cuyas cuentas eran "realmente un problema para España".

La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, eludió responder sobre si su partido pediría la dimisión de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, tras conocerse el déficit oculto de Madrid, comunidad de la que fue consejero de Economía. Ayer el número dos del ministro Cristóbal Montoro se desvinculó del dato de Madrid.