El PP andaluz está harto de la "estrategia de confrontación diaria" de la Junta con el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque el Ejecutivo andaluz denuncie precisamente lo contrario, el trato "discriminatorio e injusto" de Moncloa hacia Andalucía, que es el referente de la izquierda. Los populares van a hacer uso del poder municipal que atesoran -gobiernan todas las capitales, la mayoría de ciudades de la costa y cinco diputaciones- para agitar la confrontación con la Junta desde lo local.

Si el gabinete de Griñán insiste en reclamar al Gobierno los 1.500 millones por inversiones no ejecutadas de los años 2008 y 2009, los ayuntamientos del PP exigirán a la Junta que les pague la "deuda histórica" que mantiene con ellos y que el partido de Javier Arenas cifra en 10.100 millones.

El número dos del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer mociones en todos los ayuntamientos de su partido y en cinco diputaciones para pedir al Gobierno andaluz la cantidad de dinero consignada en los presupuestos de los últimos cuatro años que no se ha ejecutado. Sanz, que participó en el encuentro Coffee&politics con blogueros y expertos en redes sociales de su partido, calculó que "los colegios, los hospitales o los centros de mayores" que no se han hecho por la falta de ejecución presupuestaria suponen perder unos 150.000 empleos.

El PP saca ahora a relucir esta reclamación en plena polémica sobre el incumplimiento del Estatuto andaluz por parte del Gobierno de Rajoy. El Ejecutivo central ya ha dejado claro que no va a pagar a Andalucía los 1.500 millones de inversión no ejecutada de la etapa de Zapatero.

"RECORTAZO" Los populares también presentarán mociones en los consistorios en contra del "recortazo del bipartito". Sanz censuró que los ajustes "caigan siempre sobre los trabajadores" y dijo que hay "muchos otros caminos" para ahorrar, por ejemplo, acometiendo una reforma en profundidad de la administración o eliminando muchas ayudas "inútiles".

Reiteró que si no se hubieran defraudado los "1.500 millones en el caso de los ERE", el recorte andaluz habría tenido menor impacto. Acusó al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de dar un "apoyo sumiso al recortazo a cambio de un sillón" e insistió en que Valderas y Griñán ya "pueden manifestarse contra ellos mismos".