La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, definió ayer como "sumamente positivo" el acuerdo alcanzado con las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer en el Consejo de Ministros un informe sobre los resultados de la reunión con los consejeros del ramo de las 17 comunidades. Sáenz de Santamaría destacó que el pacto conseguido marca un "hito importante" para el Estado de las autonomías y supone un "auténtico pacto de Estado y un consenso de alto nivel".
En virtud del acuerdo alcanzado en el Consejo, las comunidades se han comprometido a realizar un ajuste de 18.349 millones de euros este año para reducir su déficit al 1,5% pactado con Bruselas. De esa cantidad, 13.071 millones procederán de la reducción de gastos y 5.278 millones del aumento de ingresos a través de medidas fiscales.
Sáenz de Santamaría insistió en que este acuerdo demuestra que el Estado y las comunidades son capaces de marcar objetivos comunes. Este es uno de los tres elementos que el Gobierno considera fundamentales para salir de la crisis. Los otros dos, según explicó, son las reformas estructurales y la del sector financiero. La vicepresidenta afirmó que la rebaja del déficit es un objetivo de "primera magnitud" y agradeció a los consejeros autonómicos que acudieron a la reunión "su responsabilidad en este camino", iniciado, dijo, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Eso sí, Sáenz de Santamaría subrayó que el Ministerio de Hacienda controlará el cumplimiento de lo acordado. De hecho, la vicepresidenta recordó que una de las novedades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que habrá controles mensuales, no trimestrales, como antes, sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades. Estas estarán obligadas a informar mensualmente de sus cuentas, "que se trasladarán a números homogéneos", es decir, en términos de Contabilidad Nacional, para conocer el cumplimiento del acuerdo.
