El compromiso de las comunidades con el objetivo de reducir el déficit al 1,5% este año, como exige Bruselas, o bien el miedo a ser intervenidas por el Gobierno, se traducirá en un ajuste global de 18.349 millones de euros. La mayor parte (13.071 millones de euros) se detraen de la partida de gastos. Casi todas las regiones, en manos del Partido Popular, aprovecharon las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para facilitar el ahorro posible en sanidad y educación. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, valoró ayer mucho el que las comunidades se hayan apoyado más en la reducción del gasto en estas dos áreas sociales (unos 2.500 millones del euros) que en los ingresos.

El resto del dinero que aportan las regiones, 5.278 millones de euros, vendrá de la aplicación de desiguales medidas fiscales. "Hemos dado un paso fundamental en la credibilidad de España" de cara a los socios europeos, resumió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde Bruselas (influidos, quizá, por la prensa internacional) se ha puesto en dudas la capacidad del Gobierno español para controlar la capacidad ilimitada de gasto de las comunidades.

Asturias, en la cuerda floja por la interinidad del gobierno, es la única región que suspende el plan de ajustes. Andalucía fue la segunda más reprendida, aunque otras regiones soportan mayor deuda y déficit, pero sus propuestas de recorte convencieron más al ministro Cristóbal Montoro que la andaluza.

ASTURIAS Del Plan de Cascos al del PSOE e IU. Hacienda rechazó ayer el plan de ahorro de Asturias, presentado por un Gobierno conservador en funciones (que preside Francisco Alvarez Cascos), y ahora le corresponderá a otro gobierno, el que formará la coalición de PSOE, IU y UPD, regresar a Madrid antes de 15 días con una nueva estrategia de ajuste que incluya 616 millones. Si el segundo intento no funciona será la primera región en ser intervenida. Asturias admite en su plan su incapacidad para reducir el déficit ni podía plantear nuevas medidas al contar con un Gobierno en funciones.

CATALUÑA Golpe en sanidad y en la educación. Cataluña ha reproducido escrupulosamente las medidas aprobadas por el Gobierno para ahorrar en sanidad y educación. Tenía uno de los niveles de deuda más elevados y ayer presentó un dique de contención brutal: 4.295 millones, 2.910 en recortes de gastos y 1.384,5 a través de nuevos ingresos (impuestos, privatizaciones, ventas de empresas públicas). El desafío catalán es reducir el déficit público del 3,7% al 1,5% del producto interior bruto (PIB). Hacienda reconoció a Cataluña una deuda de 211 millones para este año, reconocida en el Estatuto. No obstante, este dinero sigue sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno y si no llegara a pagarse, la Generalitat prevé ventas adicionales de activos por valor de 283 millones para compensarlo.

COMUNIDAD VALENCIANA Eliminación de empresas públicas. La Comunidad Valenciana, con una de las deudas más abultadas, presentó un plan de recortes de 2.200 millones. Incluye la eliminación de 40 empresas públicas, la suspensión del plan de pensiones de funcionarios, un acuerdo de no disponibilidad de crédito por 332 millones y la ejecución estricta de todas las medidas de recortes desarrolladas por el Gobierno en sanidad y educación. Aún así, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, dijo ayer que si Valencia no cuenta con los hispanobonos antes de verano (para refinanciar su deuda), será difícil cumplir con el objetivo del déficit.

CASTILLA-LA MANCHA Bajar salarios y privatizar hospitales. Castilla-La Mancha tiene el déficit más disparado del país (7,3%) y afronta un plan de reequilibrio de 1.665 millones de euros, que incluye un brutal recorte en "numerosas partidas". Los ingresos solo cubrirán 195 millones. La comunidad que preside María Dolores de Cospedal, que ha denunciado la "terrible herencia en las cuentas públicas que dejó el PSOE", ya ha aprobado una rebaja salarial del 3% a los funcionarios, la congelación de las viviendas protegidas, ha paralizado la construcción de tres hospitales y ha ordenado privatizar la gestión de otros cuatro centros sanitarios. También se han recortado las ayudas públicas, las subvenciones y las transferencias a las universidades. El aumento de tasas, la subida de ratio escolar y la reducción de la cartera básica de servicios sanitarios están incluidos.

MURCIA Refinanciar la deuda a nivel bono basura. La deuda pública de Murcia se sitúa al nivel del bono basura, según la última calificación de la agencia MoodyIs. Su déficit es del 4,3% y su deuda con los proveedores acumula el mayor retraso en el pago de todas las regiones. Su propuesta para contener el déficit público consiste en reducir a la mitad los entes públicos (de 72 a 38 entes públicos), rebajar el presupuesto de la televisión autonómica y hasta un 3% el salario de los funcionarios.