El mayor recorte de un Presupuesto andaluz quedará hoy en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, eligió ayer una entrevista en Canal Sur Televisión para poner cara a los recortes aprobados por su Gobierno y reclamó "lealtad" al Ejecutivo de Rajoy al valorar el plan de ajustes aprobado por Andalucía, además de hacer una llamada al consenso y a recuperar "el espíritu de 1977". "Si lo que queremos es fortalecer al país tenemos que ser leales. No voy a decir públicamente las dudas que me plantean los Presupuestos Generales del Estado, que me las plantean, sobre el cumplimiento del déficit", aseguró Griñán. El presidente andaluz lamentó que el Gobierno haya estado sembrando dudas sobre las cuentas andaluzas y defendió que "la lealtad no es un trágala". "Discrepo pero voy a cumplir", dijo, sobre un déficit "injusto".

La Junta acude a la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a las comunidades y el ministerio, con el convencimiento de que sus medidas, que tocan 3.500 millones, permitirán no desviarse por encima del déficit del 1,5%. La relación entre Junta y Gobierno es tensa. Políticamente Andalucía es la única comunidad de izquierdas que se sentará en el foro multilateral. Su discurso oficial arremete contra los recortes, culpa a Rajoy de esas duras restricciones y alega que se cumplen por responsabilidad y porque son inevitables. El Gobierno andaluz ha evitado elevar la ratio en las aulas y anunció ayer mismo que recurrirá ante el Constitucional la subida del horario lectivo a los maestros o la prohibición de sustituir profesores antes de 15 días. Hay confrontación pero se desconoce hasta que punto puede tensarse la cuerda en un momento complicadísimo y con el Gobierno blandiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permitirá la intervención de las cuentas de las autonomías.

RECORTE SALARIAL El Gobierno andaluz hace descansar su plan de ajuste sobre tres patas: un gran recorte salarial para todos los empleados públicos; subida de impuestos para las rentas superiores a 60.000 euros; y freno a la inversión. Las principales dudas del Gobierno central podrían venir por las previsiones de ingresos que baraja la Junta. Se computan ingresos muy voluminosos por adelantos de fondos europeos, venta de inmuebles (medida que hasta ahora no ha funcionado) y se prevé un comportamiento positivo de la recaudación tributaria. Además la Junta debe colocar una deuda pública de más de 3.000 millones --al margen de este Plan de Reequilibrio-- y si los mercados le dan la espalda se agudizarán sus problemas. Estos podrían ser los puntos débiles de un plan que opta por un tijeretazo salarial masivo en el sector público, eliminando extras y complementos a los funcionarios y reduciendo un 15% el salario a los interinos para evitar despidos. Ni sindicatos ni PP creen que estas medidas eviten que mucho personal público vaya a la calle. Griñán, que fue criticado por no salir a explicar las medidas y un día después se sentó en un plató de Canal Sur, admitió que las medidas son "duras" y suponen "un enorme sacrificio" para los funcionarios, pero aseguró que no asumir el tijeretazo salarial supondría "despedir a 30.000 empleados". En educación garantizó que se renovará el contrato a más de 3.000 interinos. Garantizó que son "medidas transitorias" aunque eludió un compromiso temporal. El presidente defendió la paralización de la inversión: "Antes que recortar en educación no hago una carretera".

Por su parte, el Gobierno mostró su "satisfacción" por los ajustes presentados por las comunidades. "El que no esté, no está, pero va a estar", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dejar claro que las que no cumplan ahora lo harán en un futuro inmediato. El Ejecutivo central ya anunció ayer que pedirá más medidas a algunas comunidades --es el tercer plan de ajustes que presenta Cataluña, por ejemplo-- para evitar sanciones. El conflicto más grave está abierto ahora mismo con Asturias, a quien el Gobierno ya le ha advertido de una posible tutela de sus cuentas ante su situación política. Ayer ya se confirmó que gobernarán los socialistas. En 15 días el Gobierno central ha convocado otra reunión para dar su nota a los planes de ajuste.

¿Y si las medidas no fueran suficientes? La Junta no quiere ni valorar esa hipótesis y advierte además de que el Gobierno adeuda a Andalucía 1.500 millones por incumplimiento de las inversiones exigidas en el Estatuto.