Nueva operación policial por delitos relacionados con el ladrillo. El exalcalde de Casares (Málaga) Juan Sánchez (IU), su esposa, un abogado y una cuarta persona de la que no trascendió su identidad o profesión fueron detenidos ayer en una operación conjunta de la Guardia Civil y Policía Nacional en la que se ha destapado una supuesta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, que estaría relacionada con organizaciones criminales. En la actuación se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y diecinueve vehículos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.
El caso, que comenzó a investigarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona a finales del 2010, se encuentra bajo secreto de sumario. Hasta las 19.30 horas de ayer se prolongó el registro en el Ayuntamiento de Casares, que comenzó a primera hora del día. Los investigadores se llevaron una decena de cajas con documentación, relacionada con el proyecto urbanístico de Majestic, según indicó la alcaldesa, Antonia Morera (IU).
Fuentes de la investigación señalaron a Europa Press que no se descarta que se produzcan más arrestos, puesto que continúa abierta la investigación, desarrollada por agentes de la Udyco Costa del Sol de la Comisaría de Málaga de Policía Nacional y del Equipo de Delitos Urbanísticos del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil.
La alcaldesa aclaró que no se ha intervenido ninguna cuenta bancaria, ningún inmueble ni ningún vehículo del ayuntamiento y que "parece ser que la investigación forma parte de una trama en la que alguno de los implicados tenía negocios en el municipio". Volvió a mandar un mensaje de serenidad y tranquilidad y destacó la colaboración "siempre" con la justicia.
Casares está gobernada desde 1979 por IU, a excepción de un periodo de cinco años en que este ayuntamiento estuvo en manos del Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil. Juan Sánchez abandonó el cargo como regidor de esta localidad malagueña en marzo del 2009 para dedicarse en exclusiva a la gestión de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Actualmente es concejal en el consistorio de Casares. El exregidor y los otros cuatro detenidos pasaron a disposición judicial anoche.
En el 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos alcanzados por el Ayuntamiento de Casares, presidido entonces por Sánchez. El consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre del 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.
Según los cálculos efectuados en aquellas fechas por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio. Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en el 2003 y el 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable en la localidad, y denunció a Sánchez y al concejal de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio. En el 2006, tras destaparse la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, Sánchez dijo que este caso contribuía a generar "desconfianza" en la clase política.
"COLABORACION" Desde Izquierda Unida mostraron su disposición a mantener la "máxima" colaboración en la operación y recordaron que la coalición "siempre ha apostado por que se investigue a fondo cualquier caso y en este caso no podía ser de otra forma". Desde la dirección provincial "se ha instado al equipo de Gobierno de Casares a colaborar con la investigación, cosa que ha hecho ahora y en otras ocasiones en las que le ha sido requerida alguna información".
Fuentes de IU explicaron que "en virtud de lo que arroje la investigación, los extremos y responsabilidades que se deriven de la misma, IU aplicará el código ético de la coalición". Dado que la investigación sigue y "para evitar entorpecer la misma, la dirección provincial quiere ser prudente y no realizar declaraciones que no contribuyan al esclarecimiento total", dijeron.
