El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado este miércoles a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de utilizar el dinero de la partida presupuestaria 31L, más conocida como el 'fondo de reptiles', para "intentar favorecer cambios de gobierno" a través de mociones de censura.

Según ha explicado en rueda de prensa Sanz, esto pudo ocurrir en la localidad sevillana de Camas, donde el exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas --citado a declarar como imputado el próximo 26 de julio por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía--, "utilizaba la Consejería de Empleo y los fondos de los parados para contratar despachos de abogados que interpusieran querellas a fin de violentar la voluntad de concejales inmersos en mociones de censura para favorecer políticamente a un municipio en el que además, él (Rivas), era el secretario general del PSOE y había sido alcalde".

Como "prueba", el 'popular' ha entregado a los medios de comunicación dos facturas que el bufete de abogados Garrigues envió en 2004 a la atención de Rivas a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. En la primera, emitida el 9 de junio de 2004, se especifica un pago de 8.120 euros por "interposición querella criminal Sres. (Javier) Gordo y (María del Carmen) Lobo", exmilitante de IU y exconcejal no adscrita en el Ayuntamiento de Camas, respectivamente.

En la segunda, del 14 de septiembre de ese mismo año, se detalla un total de otros 8.120 euros por "diligencias previas" respecto a la "calumnias Sr. D. J. Mª de los Santos", que era el presidente de la comunidad de propietarios de un inmueble de Camas donde, según denunciaron Gordo y Lobo (motivo por el cual De los Santos se querelló contra ellos), se hallaba "un punto de venta de droga" de forma encubierta. El PP-A ha entregado a los periodistas una tercera factura, ésta de noviembre de 2005 y dirigida a la Junta de Andalucía, en la que se facturan por "honorarios por servicios profesionales prestados" 6.960 euros.

Para Sanz, estas "facturas pagadas" desvelan "cómo se pagaban despachos de abogados y cómo se elaboraban informes bastante llamativos con el objetivo, evidentemente, de que se produjeran voluntades distintas de algunas de las personas que eran concejales de ese ayuntamiento; en concreto, de personas que tuvieron luego mucho que ver con el intento de moción de censura que se hizo en ese municipio".

En su opinión, por tanto, "lo que se hace es favorecer una denuncia contra concejales de IU utilizando un despacho de abogados que, además, es una de las partes de los imputados que hay en el 'fondo de reptiles'", algo que, de forma irónica, ha dicho que "debe ser casualidad". Según Sanz, "esto es una prueba más de cómo el PSOE ha intentado usar permanentemente para sus intereses políticos el dinero de los parados: unas veces, para enriquecer a socialistas; otras veces, para ayudar a familiares; otras, para dar subvenciones exclusivas a ayuntamientos del PSOE; otra veces incluso, para intentar favorecer cambios de Gobierno", ha resumido.

Ante ello, se ha preguntado "cómo se puede justificar este tipo de acciones si no es para lograr lo que finalmente se logró, un cambio de voluntad política" y ha exigido al PSOE y al Gobierno andaluz, a los que ha reprochado que "defendieran" públicamente a Rivas en el Parlamento de Andalucía, "explicaciones" sobre por qué el dinero del 'fondo de reptiles' "servía para cocaína, juergas, borracheras, para beneficiar a cargos del PSOE, para meter como intrusos a altos cargos del PSOE y también, para intentar torcer voluntades políticas de cara a mociones de censura en un ayuntamiento donde no gobernaba el PSOE pero donde sí había gobernado".

UNA "BOLA CADA VEZ MÁS GRANDE" DE CORRUPCIÓN

Precisamente a la declaración de ayer ante la juez Alaya del exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo --quien admitió que gastaban 25.000 euros de las ayudas públicas cada mes en comprar cocaína--, también se ha referido este martes Sanz. A su juicio, su confesión "demuestra, cada día más, que estamos ante una bola de corrupción más grande y que se extiende al conjunto del Gobierno andaluz y del PSOE".

Para el secretario general del PP-A, la declaración de Trujillo de ayer también apunta a que "todo el Gobierno supo y participó por acción u omisión de este procedimiento fraudulento" y señala "cada vez a más actores". Entre ello, Sanz ha destacado al diputado y secretario federal del Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, a quien el exchófer "ha dejado por mentiroso" por no admitir que conocía a Guerrero, "que estuvo dos veces en su despacho".

Además, Sanz ha recalcado que "también ayer se conoció que la Junta no ha hecho nada por recuperar el dinero" transferido de manera supuestamente irregular, así como que es "imposible" que la Administración autonómica "no supiera nada". "Eso no hay quien se lo crea", ha apostillado tras calificar de "extrema gravedad" todo lo relacionado con el uso que después se le daba al dinero público, como el hecho de que "el del sitio donde se compraba la droga era comercial de la intermediaria que participaba en las comisiones ilegales".

"¿PARA QUIÉN ERAN LOS SOBRES?"

Al hilo de la declaración de Trujillo, Sanz también se ha preguntado adónde iban a parar "los sobres, de los que se especificaba un determinado grosor, y que se iban a Madrid". "¿Para quién era ese dinero que recogía el exchófer del exdirector general de Trabajo en Madrid?", ha espetado no sin antes exigir nuevamente "explicaciones" al Gobierno sobre este asunto. Igualmente, ha pedido al consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, una "explicación" sobre si estuvo o no presente en la reunión que, según ha declarado ante la Guardia Civil una exasesora de Empleo, se llevó a cabo en 21 de noviembre de 2010 para "reelaborar" ERE.

"AGRADECER GESTIONES" AL PSOE-A

De otro lado, Sanz ha asegurado que la empresa Insersola SLL, encargada de los servicios de comedor de colegios y guarderías concertadas con la Junta de Andalucía y cuyos trabajadores, según publica este miércoles 'El Mundo', han denunciado que se les ha obligado a ir a un mitin del PSOE en Huelva, es beneficiaria de ayudas sociolaborales por parte de la Administración autonómica vinculadas al 'fondo de reptiles'.

El 'popular' --que ha entregado a los periodistas una copia del convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA para "formalizar el otorgamiento de ayuda sociolaboral" a 126 trabajadores de Insersola SLL--, ha explicado que el secretario de los socialistas onubenses, Mario Jiménez, "apareció allí" sin que los trabajadores lo supieran porque a ellos se los había convocado para la inauguración de un curso. Ante ello, se ha preguntado si su aparición era para que le "agradecieran las gestiones" de la ayuda de 200.000 euros recibida por la empresa.

Sobre el hecho de que la presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), Mercedes Rodríguez-Piñero, contratara, según publicó ayer 'El Mundo', a una empresa de sus sobrinos sin concurso público y por más de 200.000 euros, Sanz ha señalado que este tipo de "despilfarro" está "en el DNI del PSOE" y que con el PP, si gana las elecciones del 25 de marzo, todo será "transparencia".