La Fiscalía Superior de Andalucía ha detectado indicios de delito penal y contable en la gestión de Invercaria, la empresa pública de capital riesgo de la Junta. El Ministerio Público ha abierto diligencias por las posibles irregularidades en el sistema para la concesión de créditos a empresas. El caso del descontrol en Invercaria entra por tanto en la vía penal, y vuelve a empañar la campaña electoral y la imagen del Gobierno andaluz al poner en tela de juicio el manejo del dinero público.
Invercaria se creó en el 2005 como sociedad pública de capital riesgo, cuyo objeto es asistir a empresas recién creadas, evaluar su potencial y decidir si le financian un proyecto. En casi siete años ha concedido créditos a 278 firmas con una inversión global de 62 millones. Algunos de esos créditos dieron frutos y las empresas subvencionadas han aprovechado el empujón de Invercaria para consolidarse y crecer. Otras no.
En febrero, la Cámara de Cuentas emitió un informe sobre Invercaria denunciando "gastos injustificables, flagrantes irregularidades y gravísimos incumplimientos de la normativa que regula las inversiones". La Fiscalía investiga ahora si existía un procedimiento regulado para conceder los créditos o si se actuaba a ciegas y con arbitrio. El decreto del fiscal recoge una decena de irregularidades en préstamos concedidos supuestamente sin publicidad, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público, aunque no detalla los delitos cometidos.
El presidente de la entidad, Francisco Alvaro Julio, anunció ayer una demanda civil contra Cantos por "ilegítima intromisión en el derecho al honor " de la empresa pública, con una indemnización de 618.000 euros.
