El actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, ha interpuesto un recurso contra el auto dictado el pasado 27 de enero del 2012 por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, en el que fue imputado por su actuación en relación a la empresa Surcolor, para mostrar su "disconformidad" con tal proceso y solicitar el alzamiento de su imputación, que considera que "se sostiene en extremos que no justifican tal situación procesal".
En el auto presentado por la defensa de Rivera se expone que, a la hora de otorgar la cualidad de imputado, "es obligado, a la vez que tener sospechas con un mínimo de seriedad en contra de la persona a la que se lo otorga, ponderar al adoptar tal decisión las consecuencias gravosas y estigmatizantes de una imputación penal, pues también es importante la garantía al derecho al honor de la persona afectada", algo que tiene "especial importancia cuando de un cargo público se trata". En lo relativo a Surcolor, en cuya investigación Alaya imputó a Rivera por ordenar los pagos relativos a la póliza para 26 extrabajadores de la empresa, cuando, según el auto, eran 24; la defensa del actual director general de Trabajo insiste en que fue "a partir de Rivera y como consecuencia de la investigación interna realizada por funcionarios de la Consejería cuando pudo comprobarse, con total certeza y garantía, que se habían incluido dos personas ajenas". "Parte el auto de un hecho no constatado, sino presumido, y que consiste en que el expediente de tramitación de la ayuda sociolaboral excepcional contenía documentación de los que se deducía de manera clara y obvia la existencia de dos intrusos en la tramitación del ERE", avisa la abogada.
