Los consejeros andaluces de Hacienda y de Economía se sentarán hoy con el ministro Cristóbal Montoro agarrados al último informe de la Cámara de Cuentas, un organismo autónomo que fiscaliza el presupuesto andaluz. Ese informe, hecho público hace tres días, concluye que la deuda por habitante en Andalucía (1.454 euros) está un 41% por debajo de la media (2.463 euros) y que los programas de endeudamiento adoptados por la Junta "garantizan una mejora en la gestión financiera, la contención del déficit y dan estabilidad financiera a la Hacienda autonó- mica y credibilidad frente a los mercados". El informe calcula la deuda viva de Andalucía en 13.543,48 millones de euros a 30 de junio de 2011, una cifra más próxima a la que ofreció el presidente Griñán en el Parlamento la semana pasada (14.431 millones de euros) que a la que le reprochó el líder del PP, Javier Arenas (25.000 millones).

DATOS DE SOLVENCIA La oposición siguió ayer cuestionando la credibilidad de las cuentas andaluzas, pero el informe de la Cámara le sirvió al Gobierno para tratar de dar carpetazo al asunto, o al menos, para acallar las críticas del PP y del Gobierno central. La consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, compareció con el citado informe en la mano y sentenció: "Esto acaba definitivamente con el debate sobre la solvencia de Andalucía". Moreno esgrimió los "datos incuestionables" del informe para tumbar las "mentiras de Arenas" y zanjar "el paréntesis bastante absurdo de cuestionamiento injusto y sin fundamento" de las cuentas de Andalucía por parte de la vicepresidenta del Gobierno. "Nadie gana nada cuestionando la solvencia de Andalucía, todos perdemos. Si el PP quiere criticarnos por los ERE, está en su derecho, pero que no ataque la solvencia andaluza, porque eso nos afecta a todos", dijo.

La consejera eludió mencionar que, un día antes, la agencia de calificación Standard & PoorIs acababa de rebajar la nota a cinco comunidades, entre ellas Andalucía, que pasó de la A+ a la A (en la franja de confianza de cara a los mercados). Moreno se limitó a decir que las agencias de rating "nos dan la misma solvencia que el resto de España".

Arenas fue entrevistado ayer en Onda Cero, donde le preguntaron por su polémico mensaje de Twitter en el que asumió personalmente la crítica que hasta entonces habían reiterado varios miembros del PP: que la Junta se hallaba en "suspensión de pagos". "El tuit ese no es exactamente mío. Esa frase estrictamente no es mía", insistió. Aquel mensaje fue severamente criticado por la patronal y los sindicatos, que le tacharon de "irresponsable". Arenas se distanció ayer del tuit, pero reiteró que la Junta dejará "cajones llenos de facturas" y aludió a la deuda millonaria con los proveedores.

El informe de la Cámara de Cuentas no habla del cierre del ejercicio presupuestario de 2011, sobre el que se ha centrado la bronca entre la Junta y el PP en los últimos días (Griñán lo cifró en el 1,4% y la consejera de Hacienda lo elevó al 3% 24 horas después). Pero sí destaca que los planes anuales de endeudamiento "respetan los compromisos" del CPFF, demuestran la evolución positiva de la deuda andaluza en relación al PIB (por debajo del conjunto de comunidades). En el 2011 representaba un 10% del PIB y la media nacional era del 14,7%. Moreno destacó la evolución de la carga financiera que, incluso después de la crisis, se sitúa en los niveles de 2004 (por debajo de la media de las regiones).

REUNION CON MONTORO Al margen de la trifulca política, cargada de tensión preelectoral dada la cercanía de las auto- nómicas, Andalucía y el Gobierno central se sentarán hoy a aclarar "asuntos pendientes". La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ya le transmitió a su homólogo, el ministro Cristóbal Montoro, una queja formal por las palabras de la vicepresidenta, cuestionando la solvencia andaluza. Aguayo llevará al ministro una factura de 1.379 millones de euros del importe de los anticipos devengados en el 2011 y pendientes de pago por parte del Gobierno anterior. La consejera también preguntará por las partidas finalistas del Presupuesto del 2012, pendientes de recibir, y por el impacto de los recortes del Gobierno en las cuentas de cada consejería.