La principal herramienta del PP-A para abatir al Gobierno socialista en las próximas autonómicas es el caso ERE, que investiga el fraude de fondos públicos para empleo. El asunto sigue la vía judicial ordinaria en los tribunales, pero los populares, que están personados en la causa, han abierto un frente paralelo de denuncias ante los medios con el que acosan a diario a la Junta. La estrategia del PP-A consiste en cuestionar determinados procedimientos legales para salpicar con el caso ERE a todas las consejerías del Gobierno andaluz.
La última vez fue hace dos días. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, convocó a la prensa para denunciar que, en el 2003, la Consejería de Presidencia firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un órgano de la cartera de Empleo, para que a través de una transferencia de financiación se hiciera cargo de algunos gastos en las delegaciones de la Junta en Bruselas y Madrid. Sanz señaló que el procedimiento, es decir, usar el IFA como una banca para financiar algo con más agilidad, "era el mismo procedimiento que se usó en el fondo de reptiles". El PP no destapó ninguna irregularidad, lo que estaba haciendo era cuestionar que se usara el mismo procedimiento que sirvió para cometer el fraude los ERE.
¿Dónde está entonces el sentido de la denuncia? Los populares no tenían pruebas de que el convenio de Presidencia con el IFA para las sedes de Bruselas y Madrid fuera ilegal. No denunciaron irregularidades, pero sí dejaron caer que pudo haberlas habido, como al parecer las hubo en el uso del fondo de ayuda para empresas y parados de 647 millones de euros, en el que se centran las pesquisas del caso ERE. Al ser el mismo procedimiento, el PP lo puso inmediatamente bajo sospecha, en la misma diana a la que apunta la jueza Mercedes Alaya.
RESPUESTA DE LA JUNTA Sin embargo, el procedimiento tampoco era el mismo que el de las ayudas investigadas. La Junta respondió ayer en un comunicado que en este caso se usó el procedimiento de la subvención, no el de la transferencia de financiación, sobre el que el PP centra sus denuncias, pese a "no ser delictivo". Esas subvenciones estaban sujetas al control fiscal y siempre las había financiado Presidencia a través del IFA, "porque las delegaciones de la Junta en el exterior tienen su origen en las oficinas creadas inicialmente" en dicho órgano.
Entonces, ¿hubo una réplica del fraude de los ERE en Presidencia? Sanz no aportó pruebas. El problema es que el caso ERE ha hecho tanto daño político a la Junta que a los populares solo les basta con asemejar cualquier trámite legal de cualquier consejería al uso supuestamente ilegal que tuvo lugar en el ámbito de un director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la investigación. Guerrero también se sirvió de un procedimiento legal para, supuestamente, manejar un fondo de ayudas sin el preceptivo control. La Junta circunscribe el fraude a ese departamento y al entorno de Guerrero. "No hay un comportamiento ilegal generalizado, hay una persona que ha hecho algo ilegal valiéndose de procedimientos reglados y legales", insisten.
Pero el PP intenta extender la sombra de la sospecha a todo el Gobierno. Sanz asegura que siete consejerías (Presidencia, Gobernación, Empleo, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Turismo e Innovación) realizaron transferencias de financiación corrientes y de capital a través de la agencia IDEA (antiguo IFA), por valor de 4.315,4 millones de euros para la concesión de créditos a empresas. ¿Es esto ilegal? No. La transferencia de financiación es una fórmula legal prevista en la Ley de Hacienda. El problema es que, al parecer, Guerrero se sirvió de ella para perpetrar el fraude de los ERE, y esto da pie al PP para extender la sombra de la sospecha.
El pasado 28 de octubre, la juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya, amplió la investigación de tres a las siete consejerías señaladas por Sanz para esclarecer si, al igual que Empleo, concedieron ayudas ilegales a empresas a través de transferencias de financiación del IFA. La Junta sostiene que el objetivo final es dañar la imagen del Gobierno socialista y añade que, en el camino, también quedarán dañadas las instituciones públicas y el objeto social para el que se crearon, por ejemplo, para ayudar a empresas en crisis y a personas en paro.
