La jueza Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, reclama a la Junta la "copia íntegra" de absolutamente toda la documentación de unos 84 expedientes de ayuda ya solicitados en autos previos del 16 de abril y 14 y 27 de septiembre.
Igualmente, Alaya reclama el informe que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, encargó en julio al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre la tramitación de la orden dictada para encomendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el reparto de las ayudas.
En este nuevo auto, la jueza pide nuevamente la documentación correspondiente a las ayudas otorgadas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios Sevilla porque "no se encuentra dentro de las cajas" ya entregadas.
Además, y respecto a los expedientes aludidos en los autos anteriores, reclama la entrega de la "copia íntegra" de toda la documentación al no figurar en ella "notas manuscritas o borradores" que "contienen información relevante" para las diligencias, pues la propia Junta de Andalucía había avisado a la jueza de que estos documentos no habían sido remitidos por aspectos como "no aparecer firmados".
La jueza Mercedes Alaya solicita a la aseguradora del Banco Vitalicio las "cantidades percibidas" por 12 imputados en la causa al figurar como beneficiarios de pólizas de seguro de rentas asociadas a expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas para las que nunca han trabajado.
También solicita la jueza los importes abonados por la Junta para cada una de estas pólizas en cuestión. Es un paso previo antes de fijar fianzas que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción y a la que se han sumado las acusaciones, elevando la cantidad demandada a 3 millones de euros.
