Roca confesó el lunes que las anotaciones de Maras no eran una ficción dibujada por policías fantasiosos, sino que sus iniciales y cifras son la arquitectura de su red criminal. Abatido tras casi seis años en prisión, preocupado por el futuro de su hija y su mujer, también acusadas, y deseoso de acabar con su particular calvario, el exasesor reconoció los sobornos pero hasta para "cantar" dio un golpe de efecto.
El 29 de marzo próximo Juan Antonio Roca hará seis años entre rejas. Las largas y tediosas tardes en prisión, rodeado de informes policiales y providencias, han hecho mella en su ánimo; su abatimiento es similar a la altivez con la que se dirige al fiscal Anticorrupción del caso Malaya, Juan Carlos López Caballero, el hombre que tiene la "culpa" de su incierta y dura situación. Mira a su alrededor y ve a su hija María en el banquillo de los acusados, al igual que a su esposa, Rosa Jimeno; y cree que en unos meses podría vislumbrar, al menos, la luz del sol con un permiso, y, si en Malaya no lo condenan a más de 15 años, no estará tanto en la cárcel como en un principio pensó. Tal vez por eso el lunes confesó lo que era un secreto a voces: que tenía a los concejales "comprados" con sus gratificaciones y que otros empresarios no dudaban en pagarle para que hiciera lo que había que hacer.
El Jefe vive, sin duda, sus horas más tristes y complicadas. Fuentes de su entorno aseguran que no puede derrumbarse porque su familia depende de él y que, en un último golpe de efecto, ha buscado que sus sobornos sean calificados como cohecho impropio: es decir, se paga al político pero no necesariamente por un acuerdo ilícito, sino por favores futuros o porque sí, de forma preventiva, por lo que pueda pasar. Eso se castiga con multa y no con cárcel, como el otro cohecho activo que a él se le endosa.
Si el tribunal se cree su explicación, lo que está por ver, será sentenciado a pagar multas, como se le pide a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, por el caso de los trajes. Hasta para confesar ha dado un golpe de efecto, como cuando delató que había comprado al juez Francisco Urquía pagándole más de 60.000 euros para la entrada de su casa. En aquellos días incluso su entonces abogado se opuso a que "cantara". Ahora, la línea de defensa es otra: y es que su estrategia ha evolucionado paulatinamente desde una negativa rotunda a todo a ir avanzando en el matiz autoinculpatorio de sus versiones.
En el 2006 no reconocía que las sociedades eran suyas y decía que jamás fue sobornado por empresarios: ahora admite ambos extremos; con matices, eso sí. El santificar los famosísimos archivos contables de Maras que su mano derecha pergeñaba en el antipático programa informático Excel es validar la prueba de cargo de la Fiscalía, pero también meterse en un jardín, porque a él sólo le interesa autentificar una parte de las entradas y salidas de dinero del documento y ahora deberá explicarlas todas, incluso las más inverosímiles. Y sobre todo tratará de desligar los pagos de acuerdos concretos. "Cualquiera estaría mal psicológicamente", decía una persona de su entorno, tras seis años entre rejas.
Los ediles conocieron la confesión semanas antes. Viendo las caras de los exconcejales marbellíes el pasado lunes en la sesión del juicio del caso Malaya, podía parecer que éstos no conocían la intención del exasesor, pero lo cierto es que su abogada, Rocío Amigo, lo comunicó a los colegas que defienden a exediles con el objetivo de que éstos pudieran acomodar su defensa a la nueva línea estratégica de El Jefe. Alguno se molestó; Marisol Yagüe tenía el rostro de una dolorosa cañí en Viernes Santo y otros simplemente estaban perplejos, no porque no conocieran la nueva versión de Malaya que dio Roca, sino porque simplemente pensaba que no iba a suceder. Es como imaginarse que España tiene que ser intervenida: aunque la posibilidad estuvo cerca, nadie quiso planteárselo.
Ahora queda saber qué harán los concejales: fuentes cercanas a algunas defensas de los exediles del tripartito que gobernó Marbella entre el 2003 y el 2006 afirman que simplemente van a negar haber recibido las gratificaciones, porque Roca dijo que entregaba los sobres a Marisol Yagüe, Carlos Fernández e Isabel García Marcos, portavoces de los respectivos grupos, para que a su vez las distribuyeron entre sus ediles. Con negar que el dinero regaba a los concejales de base, hay bastante.
La hora de Muñoz
La expectación se centra ahora en Julián Muñoz. Muñoz es un hombre de protagonismos efímeros y salpicados en el tiempo; solo le gustan los focos cuando él quiere, cuando los busca, y para eso tiene olfato. De momento, está manteniendo un perfil bajo en el juicio, y la declaración fundamental de Roca, por ahora, le beneficia, porque el exasesor asegura que empezó a llevar la contabilidad de Maras Asesores en el 2004, y el presunto pago que le hizo a Julián Muñoz es de 2002, dos años antes de lo supuestamente contemplado en los apuntes contables.
