Justo ayer hizo un año de la macromanisfestación contra la reordenación del sector público que mostró por vez primera la dimensión del incendio que había ocasionado la reforma del sector público aprobada por el Gobierno andaluz. Los sindicatos han acudido a los tribunales y desde entonces han sido varias las sentencias que han salido. Una dio la razón a la Junta y declaró que podía legislar esa reforma por decreto-ley. Los funcionarios se quejan de que se hiciera por la vía del "decretazo". La última, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, va en contra de la Junta y además se refiere a uno de los puntos centrales del malestar de los funcionarios. El TSJA niega que puedan unirse en las nuevas agencias públicas funcionarios y trabajadores de las extintas empresas públicas. La Junta ha recurrido.