La Junta formalizó ayer su requerimiento escrito a la juez Mercedes Alaya para que concrete qué actas del Consejo de Gobierno necesita para investigar el presunto fraude en las ayudas de Empleo a empresas en crisis. La magistrada ha pedido todas las actas del Consejo de Gobierno de la última década. La Junta ve esta solicitud, por un lado, "indiscriminada" y sin "motivación" y por otro, contraria al carácter secreto de estos documentos y a la ley por la cual solo el propio Gobierno es competente para desvelarlos. Los juristas ven razonable el primer argumento pero discrepan del segundo y del camino a seguir si Junta y juez no se ponen de acuerdo.

Tanto el catedrático de Derecho Procesal de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, como el penalista y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Sevilla, Manuel Pérez, dejan claro que el Gobierno andaluz tiene obligación de colaborar con la justicia pero reconocen que es habitual que ante una petición tan general las partes reclamen concreción y consideran que lo normal es que la juez se avenga a acotar la solicitud.

¿Por qué la juez ha optado por pedir todas las actas y no solo las de las reuniones en las que se acordaron ayudas para ERE? Guzmán no interpreta que Alaya busque abrir una causa general a la Junta y su política de subvenciones sino más bien que ha ido a la mayor para "evitar dilaciones" por parte de la Administración, a la que en sus autos achaca "cierta falta de colaboración". Al pedir todas las actas, evita que el Gobierno retrase el envío con la excusa de que está seleccionando los papeles.

APELAR A LA AUDIENCIA Si la juez no concreta su petición, tanto Guzmán como Pérez creen que la vía normal para la Junta sería presentar un recurso de apelación ante la Audiencia que dirima si la información pedida es demasiada o "hilando muy fino" podría ir al Constitucional esgrimiendo que se está vulnerando su derecho a la tutela efectiva judicial. Con todo, Pérez recuerda que mientras se resuelve el recurso, la juez puede seguir adelante y cursar otra petición solo de las actas relativas a las ayudas a los ERE o podría volver a requerirlas todas, incluso bajo apercibimiento de que, de negarse, la Junta puede incurrir en un delito de desobediencia u obstrucción a la justicia.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que en caso de que la juez insista en pedir todas las actas --que no son transcripciones literales de las reuniones sino escritos en los que figura el orden del día, los asistentes, las decisiones adoptadas y documentos vinculados a éstas-- planteará un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, del Supremo. Según explican fuentes de este órgano, se trata de un tribunal formado por magistrados del Supremo y miembros del Consejo de Estado, renovados anualmente, que dirime los conflictos de competencias entre un juzgado y una administración. No es un órgano al que se recurra con frecuencia. En los últimos seis años ha dilucidado algo más de 40 casos. Por ello, no suele tardar más de un año en fallar. Y no hay un plazo límite para que la Junta acuda a él.

El argumento de los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz es que colisionan la competencia de la juez para pedir una documentación que por la Ley del Gobierno de Andalucía es confidencial y la competencia que, según esa misma norma, tiene en exclusiva el Gobierno para decidir cuándo esa información secreta se hace pública. El portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, entiende que la "justicia es soberana para reclamar la documentación que estime pertinente en el marco de una instrucción, pero es cierto que los jueces también tienen límites". Sexmero sí cree que en este caso colisionan la "facultad del juez para requerir la colaboración de la administración en una investigación penal con la facultad del Gobierno de mantener cierta información reservada". Uno y otro pueden acudir al Supremo para que dirima aunque "estando personada la Junta sería más lógico agotar primero la vía ordinaria en la Audiencia".

Sin embargo, Vicente Guzmán no ve tan claro el conflicto de competencias. "La juez no está asumiendo una función de la Administración, puede pedir la documentación que quiera, otra cosa es que la Junta lo considere excesivo o pida acotarlo pero entonces debe apelar por la vía ordinaria", subraya.

Guzmán duda de que por esta discrepancia la Junta pueda llevar el caso al Supremo pero recuerda que, de ser así, ya existe jurisdicción al respecto con documentos clasificados del Centro Nacional de Inteligencia o sobre fondos reservados. "El Supremo ha fallado que el derecho no puede amparar del delito, es decir, si la juez justifica que para investigar un indicio de delito necesita esos papeles, eso prevalece sobre el carácter secreto", alega el catedrático.