La Junta no enviará a la jueza todas sus actas porque lo considera ilegal

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, informó ayer al término de la reunión de cada martes que es "imposible", según defienden los servicios jurídicos de la Junta, atender esa reclamación judicial porque según la Ley del Gobierno los documentos que se presenten y discutan en estas reuniones tienen "carácter reservado" y "secreto". "Estamos ante una petición indiscriminada, sin motivación alguna que la sustente y que obligaría al Consejo de Gobierno a incumplir la ley", alegó.

Moreno se mostró convencida de que "la juez y la Junta están en el mismo barco" y aseguró que no tienen "la menor desconfianza hacia los juzgados". "No queremos convertir este asunto en ningún conflicto con el juzgado", agregó. No obstante, la actitud de la Junta es firme y supone un giro en su estrategia, ya que hasta ahora el Gobierno estaba decidido a no presentar batalla por más que sean muchos los dirigentes socialistas que observen un comportamiento "excesivo" en las actuaciones de la instructora Mercedes Alaya. Primero han ofrecido a la jueza una "vía intermedia". Es decir, le piden que aclare y motive exactamente qué actas del Consejo de Gobierno necesita. En ese caso, aseguró la consejera, no tendrán ninguna objeción en "remitirlas inmediatamente". Si la jueza Mercedes Alaya no acepta se planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que depende del Supremo. Será el Alto Tribunal el que dirima lo que sentará un precedente en España que afectará, avisa el Gobierno, incluso al Consejo de Ministros. Los servicios jurídicos sostienen que no existe ningún precedente en España de esta solicitud.

La jueza Mercedes Alaya remitió este mes, con fecha del 11 y el 21 de marzo, dos autos de diligencias previas en los que puso en duda la colaboración de la Junta y reclamó un sinfín de documentos internos, algunos en el plazo de 48 horas, como los informes de la Intervención General de Hacienda que alertaron contra la fórmula de adjudicación de las ayudas de Empleo hoy investigadas o las auditorías de la Agencia IDEA, empresa pública que adjudicaba las subvenciones. La Junta ya ha remitido toda esa documentación: 150.000 folios. Además el Gobierno ha puesto a disposición de la magistrada los datos de su investigación interna, abierta en paralelo a la judicial, que ha destapado 72 falsos prejubilados y 111 anomalías administrativas.

La Fiscalía Anticorrupción será la encargada a partir de ahora de ejercer la acusación pública en la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por las presuntas irregularidades detectadas en los expediente de regulación de empleo de distintas empresas, entre las que se incluye Mercasevilla. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, será el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, el que se haga cargo de la investigación, sustituyendo al fiscal asignado a Instrucción número 6, Carlos Bedate. Egocheaga ya estaba encargado de la investigación de las distintas ramas del caso Mercasevilla. Posteriormente, se descubrió la existencia de otros supuestos fraudes en otras empresas.

Fue un informe policial el que alertó de estas supuestas irregularidades tras declarar el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien habló de un presunto "fondo de reptiles" para empresas en crisis. Esto llevó a la juez a abrir dos causas separadas, una para investigar los ERE de Mercasevilla, y otra para el resto de empresas ante una presunta "trama". Sin embargo, en un auto reciente decidió volver a unirlas, aunque abriendo una pieza separada por cada una de las empresas que se investigan. La juez ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, junto a otras seis personas.