El PP denunció ayer que hay, al menos, tres consejerías implicadas en la supuesta trama de los ERE, los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos de los que se beneficiaron fraudulentamente más de un centenar de personas (183 según la investigación interna de la Junta). "El ámbito de responsabilidad del Gobierno andaluz es tan amplio que ya afecta a tres consejerías", dijo el secretario general, Antonio Sanz.

Los departamentos implicados serían: Empleo, donde se presupuestaba el dinero para empresas en crisis; Innovación, que gestionaba el pago de esas ayudas a través de la agencia IDEA (antigua IFA) y Economía y Hacienda, conocedora del sistema de pago gracias a los informes que la Intervención General le envió en 2005, 2006 y 2007 alertando de que el procedimiento de pago de estas ayudas no era el adecuado. Hasta ahora el PP había acusado a José Antonio Viera y a Antonio Fernández (imputado en la causa), exconsejeros de Empleo, además de a Carmen Martínez Aguayo y al propio José Antonio Griñán, por estar al frente de la consejería de Economía y Hacienda cuando recibieron y obviaron los informes de la Intervención. Sanz sugirió ayer (sin documentación que lo acreditase) que la Intervención no hizo solo tres informes, sino siete, entre 2002 y 2007, por eso también estaría implicada la exconsejera Magdalena Alvarez, el extitular de Innovación, Francisco Vallejo, y el actual consejero Antonio Avila.

En realidad, la Junta no niega que estas tres consejerías tuvieran una responsabilidad compartida en la concesión de ayudas a empresas en crisis. Lo que sí rechazan es que el procedimiento, desde Empleo al IFA, fuera fraudulento. La Junta dice que fue el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien aprobó ayudas arbitrarias y permitió que personas que nunca habían trabajado en una empresa cobraran prejubilaciones (72 intrusos).