Lorenzo del Río: "Cuando un asunto llega al juzgado no debe estar en el debate político"

-Se repite el problema de infraestructuras con sedes muy dispersas, incluso edificios muy dignos como el Noga de Sevilla, pero no funcional ni operativo porque se hizo pensando en un servicio común de ejecutorias que al final no se pudo realizar. La unificación de sedes es un clamor generalizado. Y cada vez más la informatización.

-Se ha referido al servicio común de ejecutorias de Sevilla, que se paró. ¿Se va a retomar?

-La idea de la Consejería es sacar después de verano un decreto marco para los servicios comunes, con la relación de puestos de trabajo y la distribución de los distintos cuerpos y que en el 2011 esté operativo en Sevilla. Estaba casi cerrado, con distribución incluso de secretarios, funcionarios, con los sistemas informáticos ya preparados, sería una pena que no empezara. El cambio en la organización de la justicia habrá que hacerlo en distintas fases, empezando por los servicios comunes.

-La Junta también anunció la interconexión entre juzgados. ¿Se ha completado?

-Solamente una primera fase entre los juzgados de lo penal y no todos, sino en ciertas capitales. El Consejo General del Poder Judicial estableció unas pautas para que los sistemas informáticos de todas las comunidades fueran compatibles entre sí. Pasó lo mismo con el sistema telemático de notificaciones, la Junta empezó trabajando su propio sistema y al final decidió acogerse al del Ministerio, quizás por eso se paralizó. Pero es claro que o hacemos ya el expediente digital y la plena interconexión informática o la justicia no será nunca una justicia moderna.

-¿Entonces aún puede pasar lo que ocurrió con el asesino de Mari Luz, que iba cada 15 días a un juzgado mientras en otro al lado tenía una orden de busca?

-Ahora hay unos registros de penados donde se van ingresando las posibles órdenes de busca y captura. Existe mayor centralización a nivel policial, pero cuando hay ese volumen de trabajo, de ejecución, en cuanto se dejara de meter en el sistema un determinado registro de una persona, puede surgir un defecto de información.

-A raíz de ese caso la Junta puso en marcha varios planes de choque, como abrir los juzgados por la tarde o mover a funcionarios a los más atascados. ¿Siguen funcionando?

-Ya terminaron y lo cierto es que en una administración de justicia sobrecargada, los planes de refuerzo, esos u otros, son absolutamente imprescindibles mientras no haya creación de plazas y otra distribución de los juzgados.

-¿Y hay intención de la Junta de retomarlos con los recortes?

-Ese es el problema, que ahora no existe un proyecto seguro.

-Hablaba de las infraestructuras. ¿Ve una clara apuesta por las Ciudades de la Justicia o se está mareando la perdiz?

-Yo quiero pensar de verdad que siempre hay voluntad, lo que pasa es que son proyectos de mucha envergadura. Las Ciudades de la Justicia se necesitan porque hay mucha dispersión con la que no se puede ahondar en una nueva organización del trabajo y además se ahorra espacio y dinero en alquileres. Los tiempos no pueden ser los que nosotros queramos, eso es verdad, pero lo que quiere ver el juez es que exista una voluntad sostenida en el tiempo.

-Usted, que no apoyó la huelga de jueces, ¿cree a toro pasado que fue útil?

-No sé si sirvió o no. Los jueces lo que querían expresar en ese momento era el sentimiento de que llevábamos tiempo rezagados, teníamos unas carencias y hacer ver que la justicia sola no puede hacer nada, que son los demás poderes del Estado los que reforman leyes y reestructuran la organización.

-¿Y cómo ve el clima actual?

-Hay un cierto sentimiento de desánimo y frustraciones por ese agobio del trabajo, esos problemas del día a día de carencias de personal o infraestructuras, pero también es cierto que los jueces están soportando toda esa carga de trabajo y esos déficit con muy buena voluntad. Aunque tengan cierto desánimo, yo creo que la toalla no la están arrojando.

-Todo se supedita a la Oficina Judicial. ¿La Junta puede dar pasos o depende del Estado?

-Depende de unos decretos vía comunidades de reestructuración de las unidades judiciales. La Junta puede hacer ya cosas. Para los servicios comunes ya existe una legislación general pero son necesarios decretos de la Consejería que establezcan en cada población cuántos servicios, dónde se integran, con cuántos funcionarios.

-Se habla de una judicialización de la vida política ¿Ve un abuso de los tribunales por parte de los políticos? En casos como el de los ERE parece que la oposición acude a la justicia ante la negativa de una comisión de investigación en el Parlamento.

-En todos los ámbitos surgen temas de investigación o repercusión judicial, eso es normal. Lo que es cierto es que no se deja el sosiego necesario cuando esos temas llegan a los tribunales para que sean los jueces los que le den una solución sin estar permanentemente en el debate político. El problema es cuando el tratamiento informativo es exacerbado, cuando se tratan de utilizar políticamente esos temas, eso sí crea distorsiones. Una vez que se judicializa un tema hay que dejar trabajar al poder judicial, y no estar con un debate permanente en la prensa. Y luego puede haber un exceso de acudir a los tribunales de los políticos en lo que son ya relaciones personales, por cuestiones de honor, que ahí sí podía haber una mayor autocontención.