La comunidad de regantes quiere forzar hoy al Consejo Nacional del Agua a emitir un pronunciamiento en contra de la encomienda de gestión del Guadalquivir que el Gobierno central y la Junta han pactado. El Consejo es un organismo dependiente del Ministerio de Medioambiente que emana de la Ley estatal del Agua. En él están representado el Estado, las 17 comunidades autónomas, los regantes y todos los agentes implicados en el mapa hidrográfico nacional.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) envió ayer una carta a la ministra Rosa Aguilar --que también preside el Consejo-- para que incluya en el pleno de hoy o aborde en un pleno extraordinario el asunto sobre el Guadalquivir. Los regantes creen que el pacto que Zapatero y Griñán alcanzaron el lunes no es más que una argucia legal para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional, que acaba de retirar a Andalucía las competencias exclusivas sobre el río. "A efectos prácticos eso supone convertir en válido el artículo 51 del Estatuto andaluz (que acaba de ser anulado)", explican.
