Desde que saltó a la opinión pública el escándalo de los ERE, el PSOE ha expulsado de sus filas a nueve socialistas implicados (dos más ya han fallecido), pese a que solo tres (Javier Guerrero, Antonio Rivas y Antonio Garrido Santoyo) están formalmente imputados. La juez ya ha anunciado la imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, sin que el PSOE haya adoptado ninguna decisión aún. Ayer, el presidente de la Junta y secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, salió al paso de las críticas de la oposición por este trato diferenciado, que también provoca dudas internas. Griñán distinguió entre declarar como imputado y que la juez mantenga después que hay indicio de delito, en cuyo caso Fernández sería expulsado.
El presidente andaluz, en declaraciones a RNE, se refirió al exdirector de Trabajo Javier Guerrero señalando que era de quien "partía toda la irregularidad, porque era el director general responsable de los expedientes de regulación de empleo" y fue expulsado antes de ser imputado "porque se autoinculpó". Guerrero declaró ante la Policía Judicial que durante nueve años manejó un "fondo de reptiles" de 641 millones para empresas en crisis. En los ERE subvencionados con este fondo, la Junta ha hallado 59 falsos prejubilados y 87 discrepancias administrativas. Griñán cifró ayer el fraude en el 2% del fondo, unos diez millones.
Hay ocho socialistas fuera del partido, la mayoría al aparecer como intrusos en los ERE pese a no estar aún imputados, mientras que la marcha de Rivas no se hizo efectiva hasta su procesamiento. En el caso de Fernández, figura legalmente en el expediente de la bodega González Byass en la que realmente trabajó con una póliza que no ha cobrado, pero su imputación obedece a su cargo primero al frente del IFA (hoy Idea) que gestionaba las ayudas y luego como consejero de Empleo. Preguntado sobre su caso, Griñán aseguró que si un militante socialista imputado por el caso ERE declara y después se le sigue manteniendo la imputación, tiene que ser "suspendido de militancia". Desde el PP, Javier Arenas acusó al PSOE de mantener "en sus filas a 106 cargos públicos imputados por diversas causas".
Sobre la posibilidad de que también resulte implicado el antecesor de Fernández en Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla y senador, José Antonio Viera, Griñán dijo no ver por qué habría de ser imputado. Viera es aforado, por lo que la juez Mercedes Alaya tendría que trasladar el caso al Supremo. El PP le pidió que renuncie a su acta para que Alaya pueda llamarle.
Al margen de su situación en el PSOE, Fernández --que no se plantea entregar su carné y coincidió con Griñán en que su imputación actual garantiza su derecho a la defensa y "no puede convertirse en una categoría de castigo"-- tuvo que hacer frente ayer en el pleno del Consejo Regulador del Vino de Jerez a la petición de dimisión como presidente de esta institución por parte de la patronal bodeguera Fedejerez. "No he dimitido porque es la petición de una parte que además no me votó y no se ha sumado nadie más", explicó. Fedejerez ostenta diez de los veinte vocales del Consejo, que preside Fernández desde octubre. Tras su negativa a dimitir, la patronal bodeguera hizo público un comunicado en el que solicitó la apertura de un expediente para cesarle por "las perjudiciales consecuencias que está ocasionando tanto para el sector como para la imagen de la institución y de los propios vinos de Jerez la repercusión de la situación en que se encuentra el presidente del Consejo Regulador". El cese debe ser aprobado por dos tercios del pleno (14 vocales), en el que están también Acevi-Asaja, varias cooperativas y Nueva Rumasa.
