"El Guadalquivir es un río andaluz y eso no lo puede dudar nadie". Un día antes de reunirse en La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reiteró ayer en Málaga durante un acto del PSOE-A, que acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto que fija "competencias exclusivas" de Andalucía sobre las aguas del río que discurren por la comunidad y aseguró que ambos Gobiernos están buscando "formas de gestión distintas compartidas". "Pero eso que vamos a resolver no tapa ni oculta la naturaleza andaluza del río", reivindicó Griñán.

Cuando todavía no ha pasado ni una semana desde que el Alto Tribunal anuló el traspaso de la gestión del Guadalquivir desde el Estado a manos andaluzas, Griñán y Zapatero tiene acordado escenificar hoy en Madrid un acuerdo del máximo nivel que dé una salida jurídica a la actual situación de esta competencia. El Gobierno central transfirió la gestión del río a Andalucía en un decreto que se firmó en otoño del 2008 y que rige desde el 1 de enero del 2009. Desde entonces, tal y como recogía el Estatuto andaluz, la Junta ostenta la titularidad de las políticas de las aguas que discurren por la comunidad. Ajustándose a esa transferencia, el Parlamento andaluz aprobó el pasado año una Ley de Aguas y consolidó la Agencia Andaluza de Aguas como el organismo público competente para administrar esta gestión. Además alrededor de 700 funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pasaron a integrarse en la administración autonómica. La situación andaluza es muy diferente por ejemplo a la de Castilla León y el Duero. Aunque el Tribunal Constitucional también ha anulado esta semana las competencias autonómicas sobre este río internacional, el traspaso nunca llegó a producirse.

Todo apunta a que la solución que ambos Gobiernos den al Guadalquivir se encontrará "en el marco del Estatuto de Autonomía". El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba aludió expresamente al artículo 50 del texto autonómico, que aunque también fue recurrido por Extremadura no ha sido tumbado por el Constitucional.

Ese artículo se refiere a las competencias de Andalucía sobre las "aguas que discurren íntegramente por la comunidad" y además habla de la posibilidad de que la comunidad ostente "competencias ejecutivas" sobre otras políticas que en un principio corresponden al Estado. Se trataría de una fórmula de delegación de competencias. El Gobierno podría acudir al artículo 150.2 de la Constitución, una disposición que abre la vía para que se deleguen a las comunidades políticas que son estatales.

La voluntad expresada por ambos Gobiernos es dar cuanto antes con la fórmula jurídica que permita a Andalucía mantener sus competencias sobre el Guadalquivir, aunque se refuerce el papel estatal y los mecanismos de cooperación con las otras comunidades autónomas por las que discurren sus aguas.

El fallo del Constitucional asegura que el río es supracomunitario --se extiende en un 90% por Andalucía y en otro 10% por las comunidades de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia--, por lo que según la Carta Magna su gestión correspondería "en exclusiva" al Estado. Un recurso en este sentido de los socialistas extremeños ha propiciado la sentencia que anula este traspaso. La Junta extremeña ha mostrado también su disposición al diálogo para buscar soluciones.

El Guadalquivir se convirtió durante la tramitación del Estatuto andaluz en un especie de emblema político y una apuesta por picar lo más alto posible en el autogobierno. Los tres partidos con representación en el Parlamento andaluz, PSOE, PP e IU, reforzaron tras conocerse el varapalo judicial su pacto unánime por el Estatuto y a favor del Guadalquivir. Ahora el siguiente paso en la hoja de ruta es convocar la comisión bilateral Junta-Gobierno para ratificar las posibles soluciones.