La defensa del Estatuto hizo converger ayer a todas las fuerzas políticas. Al menos provisionalmente. En medio de la mayor batalla política que han librado Gobierno y oposición en muchos años (a cuenta de las supuestas irregularidades de los ERE), el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los líderes regionales de PP e IU, Javier Arenas y Diego Valderas, sellaron un armisticio a regañadientes. Los tres están de acuerdo en que el fallo del Constitucional que retira a Andalucía las competencias en el Guadalquivir no debe fracturar el consenso estatutario firmado hace cuatro años.

Aparentemente, la clase política andaluza ha respondido con una sola voz. Griñán convocó a Arenas, a Valderas y a la secretaria de Organización el PSOE, Susana Díaz, a una reunión que duró 15 minutos y en la que acordaron "no distanciarse para que la posición andaluza en la defensa de sus derechos estatutarios sea firme". Los tres partidos consensuaron la hoja de ruta: primero, Griñán se reunirá el lunes con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; segundo, se ha convocado la comisión bilateral, en la que Junta y Gobierno tratarán de acercar posturas.

EN EL PARLAMENTO Por último, a propuesta del PP, se convocará la comisión de desarrollo estatutario en el Parlamento. Será la primera vez desde que se aprobó el nuevo Estatuto en 2007. Se trata de un foro de debate parlamentario en torno a la reforma, que los populares ya invocaron para abordar el pago de la deuda histórica, pero que la Junta declinó.

El consenso se termina con estos tres pasos. A partir de aquí, cada partido hace una lectura distinta. Valderas sólo acepta la sentencia "por imperativo legal", porque la considera "un recorte del autogobierno andaluz". "El artículo 51 (anulado) era muy de IU. Hicimos casus belli de él", dijo, y anunció que su fuerza tratará de "movilizar a los andaluces en la calle a corto plazo". Arenas, en cambio, introdujo un matiz condescendiente y fue el único que aseguró no haberse sorprendido: "Mantengo la constitucionalidad global del texto, pero no nos ha sorprendido la sentencia. Este artículo fue objeto de especial polémica", dijo. El líder de la oposición recordó que el PP introdujo una enmienda para enmarcarlo dentro de la Constitución, "pero no ha sido suficiente", señaló. También advirtió de las consecuencias que el fallo tendrá para la Ley de Aguas y la reordenación del sector público. Díaz destacó la "rapidez" de Griñán para citar a los partidos. "Los socialistas somos fieles al consenso estatuario y tenemos la convicción de que el Guadalquivir es 100% andaluz", dijo. También la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, subrayó que "la iniciativa de marcar el camino y buscar soluciones" había sido del presidente andaluz. Hasta que se haga pública la sentencia, ningún partido ha querido aventurarse a interpretar la decisión ni sus consecuencias. Moreno sí destacó que solo un artículo de los cuatro que Extremadura recurrió ha sido estimado. De hecho, la consejera adelantó que el artículo 50.2, que no ha sido tumbado, "hará posible que las consecuencias prácticas del artículo anulado (51) sean inapreciables por los andaluces".