El Tribunal Constitucional tumbó ayer el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, que reconoce "competencias exclusivas" de Andalucía sobre el Guadalquivir. El fallo, un revés político y una bofetada para el Estatuto, da la razón a la Junta de Extremadura, que recurrió alegando que debe ser el Estado el que gestione las aguas que discurran por varias comunidades. (El Guadalquivir discurre en un 90,2% por Andalucía, un 7,1% por Castilla-La Mancha, un 2,4% por Extremadura y un 0,2% por Murcia).
La setencia del Constitucional no deja lugar a dudas ni interpretaciones y declara, por unanimidad, inconstitucional y nulo el artículo 51. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció que la Junta respeta y acata la sentencia, aunque considera que existe "margen político y constitucional" para que Andalucía "siga decidiendo" sobre el río. Griñán se reunirá el lunes con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y fuentes del Ejecutivo andaluz confirmaron que se trabaja, contrarreloj, en un acuerdo político al máximo nivel que permita salvaguardar que la competencia quede en manos andaluzas. Se trataría de buscar fórmulas legales que permitan reparar el daño de la sentencia, al estilo de lo que Zapatero ya hizo en su día con el presidente de la Generalitat catalana para reconducir la situación política tras el varapalo al Estatut.
Todavía es pronto para saber a qué vericueto legal podría recurrise para que Andalucía no tenga que devolver la gestión del Guadalquivir. La Junta ostenta y ejerce las competencias desde el 1 de enero de 2009. El Gobierno asegura que hay vías en el propio Estatuto --gran parte del articulado referido a la política de aguas ha sido respetado por el Constitucional-- y también quedaría la posibilidad de acudir a la polémica vía del artículo 150.2 de la Constitución, que abre una rendija para que el Estado pueda ceder competencias exclusivas a las comunidades autónomas.
De momento, el Ejecutivo andaluz logró preservar ayer el gran consenso político con el que el Estatuto contó en Andalucía, fruto de un pacto a tres bandas entre PSOE, PP e IU. Los líderes de la oposición, con sus matices, aceptaron participar del frente común propuesto por Griñán. No deja de ser curioso que el gran revés al Estatuto de Autonomía de Andalucía venga de la mano de los socialistas. Fue el entonces presidente extremeño, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien lideró en junio de 2007 el recurso contra la ley orgánica andaluza. Existe además otro contencioso aún sin resolver en el Tribunal Supremo, donde los gobiernos de Extremadura y de Castilla-La Mancha recurrieron el decreto del traspaso desde el Estado al Guadalquivir.
La sentencia del Constitucional afecta de lleno a toda la política de aguas de la Junta y a la macroestructura administrativa que ha tenido que aprobar para asumir estas competencias. El Parlamento andaluz aprobó el pasado año una Ley de Aguas y llevó a cabo la integración de los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir en la Agencia Andaluza del Agua. Asunto que ha supuesto uno de los focos del conflicto con los funcionarios con el que ha tenido que lidiar la Junta en los últimos meses. A diferencia de lo que ocurrió con el fallo del Estatut, que tumbó u obligó a matizar políticas o traspasos que aún no se habían desarrollado, en el caso andaluz la competencia que se anula se viene ejerciendo desde hace más de dos años. De hecho, el traspaso del Guadalquivir fue uno de los emblemas del Estatuto y se vendió como uno de los grandes acuerdos sellados con el Gobierno de Zapatero.
La competencia exclusiva de Andalucía sobre el río fue una de las cuestiones de mayor calado político durante la negociación de la reforma del Estatuto. La reivindicación andaluza fue matizada al paso del texto por el Congreso, negociada al detalle con el Ministerio de Medio Ambiente --entonces dirigido por Cristina Narbona-- y pactada por todos los partidos (PSOE, PP e IU). Para sortear conflictos competenciales, el artículo del Guadalquivir precisó que Andalucía gestionaría en exclusiva solo las aguas que discurrían por su territorio y además se le agregó la coletilla de "sin perjuicion de", para enumerar todas las competencias que seguirían correspondiendo al Estado. Cautelas que, a la luz del fallo del Constitucional, no han bastado.
