La Junta está personada como "parte acusadora" y en calidad de perjudicada en la causa de las falsas prejubilaciones. La juez que instruye este caso ha notificado al Gobierno andaluz que admite su personación y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, advirtió ayer de que serán "absolutamente activos en el proceso penal". "Caiga quien caiga", repitió en varias ocasiones. En cuanto se desveló la trama, el Ejecutivo andaluz comunicó su intención de personarse. Ayer desde el Gobierno insistieron en que actuarán "exigiendo responsabilidades civiles y penales" y aseguraron que la Junta es "la primera perjudicada en este caso". Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia informó además de que la Consejería de Empleo va a suspender el pago de las pólizas a los 59 falsos prejubilados que han hallado en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El Gobierno aseguró que todavía no puede calcular a cuánto dinero ascienden estos pagos indebidos y tampoco cuánto deberá demandar para recuperar el menoscabo por este presunto fraude.
El Gobierno andaluz compareció un día después de que trascendiera la imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en el caso de los ERE por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La consejera de la Presidencia confió en que el exconsejero pueda "demostrar su inocencia" pero fue especialmente cautelosa al posicionar al Gobierno y en ningún momento hizo una defensa cerrada del extitular de Empleo. "Nos pronunciaremos en el momento procesal oportuno", señaló. La intervención de la portavoz del Ejecutivo distó mucho de la encendida defensa que un día antes había realizado otro miembro del Gobierno, en concreto el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, quien se declaró "amigo" de Fernández y dijo estar "absolutamente convencido de su inocencia". Moreno dejó claro que la posición del Gobierno le corresponde fijarla a ella aunque dijo "respetar los sentimientos con los que se puedan expresar otros miembros" del gabinete. "El Gobierno andaluz celebrará la inocencia de Fernández y lamentará su culpabilidad, pero vamos a actuar con exquisito rigor tanto en un caso como en otro", agregó. Quedó claro que Fernández es un político de la anterior etapa y del equipo de Pizarro, pero no cuenta con el favor del Ejecutivo de Griñán. No obstante, fue consejero tanto con Chaves como con el actual presidente.
"La responsabilidad principal, no sabemos si la única pero sí la principal, pivota en la dirección general", reconoció la consejera de Presidencia en otro momento de la rueda de prensa. Aludía al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que ocupó este cargo durante nueve años, con Fernández y con José Antonio Viera como consejeros de Empleo, y que además de ser una de las personas que ha desvelado la presunta trama apunta claramente a sus superiores como responsables. El expresidente Chaves confió en que Fernández "pueda explicar ante la juez todo lo que le pregunte y demostrar su inocencia". Aseguró que cualquier persona "puede ser puesta a disposición de la Justicia, y eso no supone una presunción de responsabilidad penal, aunque es cierto que la palabra imputado suena fuerte".
