El PSOE-A ha tardado 48 horas en movilizarse para salir en defensa de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. El partido emitió un comunicado ayer para contrarrestar las críticas y las peticiones de dimisión que le está lanzando la oposición por haber admitido que fue ella, y no Griñán, quien recibió y obvió los informes de la Intervención General de Hacienda que advertían de discrepancias en el procedimiento de concesión de las ayudas a empresas en crisis, epicentro del caso de los supuestos ERE fraudulentos.
La secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, no sólo defendió la actuación de Aguayo, también se valió de ella para contraatacar al PP. "Javier Arenas ha atacado a la consejera Carmen Martínez Aguayo porque ha desmontado de la primera a la última letra cada una de sus mentiras. Se ha demostrado que los informes no eran vinculantes, porque hablaban del procedimiento de la gestión", asegura Díaz en el comunicado. La número dos del PSOE andaluz señaló así la posición de ataque que adoptarán los socialistas en esta nueva tormenta política sobrevenida.
Aguayo había convocado el viernes a la prensa para aclarar que "el presidente ni supo ni tapó irregularidades" en los expedientes de las ayudas al Empleo. Los informes que Intervención envió a la Consejería de Economía y Hacienda cuando Griñán era titular los recibía ella misma --entonces viceconsejera-- y no se los remitía a su jefe porque "en ningún caso se detectaron actuaciones que pudieran menoscabar fondos públicos". "Se reciben ciento y pico de informes al año y no se leen al detalle. No lo comenté nunca con él", dijo.
Las palabras de Aguayo erizaron al Gobierno andaluz y desataron una enérgica envestida de la oposición. Partido Popular e Izquierda Unida coincidieron en pedir su dimisión inmediata. El líder de los populares, Javier Arenas, fue el más rotundo en su intervención: "Su intento por tapar a Griñán le honra personalmente aunque le inhabilita políticamente como cargo público". Además, ni Arenas ni Valderas creyeron la versión de la consejera e interpretaron que se había inmolado para salvarguardar al presidente.
Los informes a los que aludió la consejera fueron remitidos a su departamento por la Intervención General de Hacienda --órgano que controla la contabilidad interna de la Junta-- en 2005, 2006 y 2007. En ellos se advertía de que el método elegido para pagar las subvenciones a empresas en crisis no era el apropiado. No se mencionaba irregularidad alguna, pero sí se cuestionaba la gestión del dinero. La consejería no tramitaba directamente las ayudas, lo hacía a través del ente público Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Y en ese circuito es donde se han detectado 146 anomalías en los ERE (expedientes de regulación de empleo), incluidos 59 prejubilados en empresas donde nunca habían tra bajado.
