El Gobierno de Gibraltar calificó ayer de "inaceptable en términos legales y políticos" la imposición de una tasa para los vehículos de visitantes que crucen la frontera desde el municipio vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz). El alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez (PP), anunció el lunes que ayer comenzarían los trámites para el cobro de la "tasa de congestión" y que prevé que la medida entre en vigor en octubre.
El objetivo, explicó el regidor, es obtener fondos para el municipio al que el Gobierno "le debe 30 millones desde la retirada de la carta económica especial en el 2003". Sobre si la tasa se cobrará a los gibraltareños, Sánchez indicó que desea mantener "buenas relaciones con sus vecinos" y que eso "está sobre la mesa".
Las autoridades gibraltareñas señalan en un comunicado que las declaraciones "confusas" del alcalde de La Línea "describen una letanía de ilegalidades según la normativa europea y también probablemente según la ley española". El Gobierno del Peñón acusa a Sánchez de estar "sumido claramente en una maniobra política" con el Ejecutivo español, "que difícilmente aceptará su propuesta".
El presidente del PP-A, Javier Arenas, justificó ayer la medida del alcalde de La Línea y culpó de la situación al Gobierno, al que pidió que intervenga para reponer el estatuto económico del municipio, que se puso en marcha hace más de diez años y "luego fue congelado".
Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, dijo ayer que el Ayuntamiento de La Línea "no tiene competencia" para implantar una tasa a los vehículos que entren en Gibraltar, algo que, además, "contraviene la normativa nacional e internacional de la UE".
