La Junta de Andalucía aprueba el decreto para aplicar la rebaja salarial a 245.000 trabajadores

Según explicó en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, este Decreto-Ley plantea un "esfuerzo colectivo pero equitativo" a todos los trabajadores del sector público andaluz con "medidas difíciles y dolorosas" que "no son gratas ni para los ciudadanos ni para el Gobierno andaluz, pero el Consejo de Ministros las ha adoptado y desde la Junta las apoyamos sin reservas porque son indispensables para consolidar el proceso de recuperación económica y de creación de empleo".

Este decreto --que se publicará el martes y se someterá a la convalidación del Pleno del Parlamento de los días 23 y 24 de junio-- supone concretar la aplicación en Andalucía, en lo que respecta a la normativa básica establecida por el Ejecutivo central en materia de retribuciones de los empleados público, del plan de ajuste presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de mayo y convalidado ayer en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno andaluz aprueba un decreto ley para dar luz verde a medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, en la línea marcada por el Ejecutivo nacional.

La consejera expresó que a nadie se le escapa que estas medidas van a suponer un "sacrificio" para los trabajadores del sector público, un colectivo que viene desarrollando una labor muy importante en nuestra sociedad y que, a su juicio, constituyen el "corazón" de la prestación de los servicios del Estado del bienestar. "Le pedimos un esfuerzo colectivo, aunque equitativo, porque la reducción de las retribuciones será mayor en los niveles superiores y repercutirá en menor medida en los niveles inferiores", apuntó la consejera, quien expresó que no son medidas gratas ni para los ciudadanos ni para el Gobierno autonómico.

No obstante, el Ejecutivo nacional las ha adoptado y Andalucía las apoya "sin reservas" porque son medidas indispensables para consolidar el proceso de recuperación económica.

Las medidas urgentes aprobadas supondrán un ahorro total aproximado de 861 millones de euros durante 2010 y 2011. De esta cantidad, 314 millones corresponden a su aplicación en el presente ejercicio, que será efectiva desde el 1 de junio a través de las modificaciones que realiza el Decreto-Ley en el vigente presupuesto de la comunidad.

Las disposiciones del Decreto-Ley aprobado hoy afectan tanto a la administración autonómica andaluza como a sus 52 organismos y entes instrumentales (16 agencias administrativas, 12 entidades de derecho público, 9 sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, 3 agencias públicas empresariales, 11 consorcios y fundaciones y una agencia de régimen especial). Asimismo, se incluyen las 10 universidades públicas y el Consejo Consultivo de Andalucía.

Los mayores recortes de sueldos, de entre el 6,% y el 15% en términos anuales respecto a lo consignado en el Presupuesto de la Comunidad para 2010, corresponden a los altos cargos de la administración general y del resto de las entidades.

En cuanto a las retribuciones de los altos cargos, congeladas desde 2009, se reducirán en los siguientes porcentajes: presidente de la Junta de Andalucía (un 15%, con lo que se quedará en 68.981,88 euros anuales, abonados en doce mensualidades); miembros del Consejo de Gobierno (15%); viceconsejeros (9%); directores generales (8%), y delegados provinciales de la Junta (6%). El presidente del Consejo Consultivo también tendrá una disminución en su retribución del 15 por ciento, mientras que para el caso de los consejeros de este órgano con dedicación exclusiva, será del 9 por ciento.

Por su parte, el recorte salarial será del 10% en los casos de presidentes, vicepresidentes, directores generales y directores gerentes de entes instrumentales (agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, entidades de derecho público y sociedades mercantiles del sector público andaluz).

Para el conjunto del personal funcionario no laboral, el Decreto-Ley establece una reducción media general del 5% en términos anuales, aplicable igualmente a partir del 1 de junio de 2010 y excluyendo la paga extraordinaria del mes de junio. La medida se aplicará con criterios de progresividad a partir del 0,56% fijado para los niveles más bajos.

Respecto al personal laboral, la reducción también se fija en una media del 5% e incluye a los empleados de alta dirección, a los de empresas públicas y a los no acogidos a convenio colectivo que no tengan la consideración de altos cargos. Por el contrario, se excluyen los trabajadores cuyas retribuciones por jornada completa sean inferiores a 949 euros mensuales (equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo). Los criterios para distribuir esta rebaja entre los distintos niveles se fijarán mediante negociación colectiva. Las reducciones para el personal funcionario e interino al servicio de la Administración de Justicia serán las mismas que se establecen en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central el 20 de mayo.

En relación con el personal laboral de la Junta, la consejera de Hacienda y Administración Pública expuso que la norma prevé que se abra de manera urgente un procedimiento negociador que permita que ese 5% se acuerde cómo va a aplicarse de manera progresiva al conjunto de trabajadores. Quiso dejar claro que es voluntad de su departamento abrir esa mesa con carácter inmediato y que podamos conseguir que esta reducción del 5% pueda ser también progresiva en el mes de junio.

En cuanto al personal que trabaja en sociedades mercantiles del sector público andaluz, señaló que es voluntad del Gobierno que se les aplique también la reducción, apuntando que no es razonable que este esfuerzo que se pide al conjunto del sector público no se aplique también con equidad al conjunto de los trabajadores del propio sector público. Así, es voluntad de la Junta, a través de los mecanismos que establece la ley y del diálogo social, que también les sea de aplicación.

Este escenario con las sociedades mercantiles, ha llevado a la Junta a aprobar hoy un acuerdo por el que se ajustan créditos de manera que este sea el marco por el que se ajusten los gastos en las empresas y tengan que aplicar lógicamente esta medida en relación con los costes de personal. "Es el marco en el que se fijan los gastos que estas empresas tienen que tener para situarse en una aplicación homogénea de esta medida a través de lo que establece el decreto ley del Estado como normativa básica, que es la negociación o el diálogo social", dijo Martínez Aguayo.