Un millar de afectados por la construcción de casas ilegales en municipios almerienses, así como de Málaga y Valencia, se han manifestado hoy en Almería para impedir las demoliciones de ocho viviendas en Albox y en Vera y pedir compensaciones económicas.
La marcha se ha iniciado en la Puerta Purchena de Almería y ha estado encabezada por Leonard y Helen Prior, la pareja británica cuya vivienda fue demolida hace dos años en Vera, y que les había costado más de 200.000 euros.
Leonard Prior ha recorrido las calles de Almería en una silla de ruedas llevando un cartel con una imagen en la que se podía ver el momento en el que la excavadora derribaba su casa acompañado del lema "No tienen casa, no tienen compensación".
En la manifestación también han participado miembros de colectivos como Abusos Urbanísticos del Almanzora No-AUAN y de la asociación Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense No, así como asociaciones de Alicante y de la Axarquía, en Málaga.
La presidenta de No-AUAN, Maura Hillen, ha explicado a Efe que la protesta es "contra los abusos urbanísticos y para regular una situación muy mala por culpa de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía".
Han participado en la protesta el vicepresidente de Abusos Urbanísticos No, Charles Svodoba, que se ha desplazado desde Alicante junto con varios propietarios afectados por abusos urbanísticos, y el miembro del partido Ciudadanos Europeos, Lenox Napier, organización que cuenta con un concejal en el Ayuntamiento de Mojácar.
Napier ha pedido que a los afectados "se les compense económicamente si les derriban la casas, porque en el caso del Algarrobico están hablando de si lo tiran o no, y si lo tiran hablan de compensar económicamente, y ellos exigen lo mismo, son gente jubilada y no pueden afrontar tensiones de cinco años sin saber si la casa que han comprado es legal o no".
Por su parte, el delegado en Almería de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, ha manifestado a Efe que la Junta "no tiene autoridad para paralizar el derribo, son sentencias que firma un juez y que tenemos que respetar" y ha añadido que los jueces "nos piden auxilio porque el Ayuntamiento se ha negado a la demolición".
En relación a las demoliciones de ocho casas en Albox , ha dicho que se trata de un asunto "ajeno a nuestra voluntad, es decisión de un juez que tenemos la obligación de respetar y acatar, y estamos trabajando codo con codo con los ayuntamientos, impulsando los planeamientos en esos municipios y para regularizar en la medida de lo posible lo no urbanizable".
Finalmente, ha advertido de que la solución al problema "no puede ser otra que no sea acorde al marco de la ley" y que la regularización debe responder a un "modelo de ciudad que decide el propio ayuntamiento", por lo que se ha mostrado seguro de que "la mayoría de los casos tendrá una solución coherente, genérica y que responda a un modelo de ciudad".
