El Parlamento andaluz aprobó ayer, con el único apoyo de la mayoría socialista, el Presupuesto de la Junta para el año 2010, que asciende a 33.737,7 millones, lo que supone una reducción del 0,1% respecto al actual ejercicio, y que fue rechazado por PP e IU pese a pactar un total de 53 enmiendas. Enmarcados en la recesión económica, el primer presupuesto de José Antonio Griñán como presidente andaluz prevé una reducción del empleo de 50.000 puestos de trabajo medidos por la EPA y una previsión de crecimiento para el próximo ejercicio que mantendrá los valores negativos (-0,3%), aunque según el Gobierno la economía andaluza "mejorará".

Por ello, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló que el Presupuesto es "prudente y austero", y, en términos generales, cree que mantiene el impulso a la actividad económica para salir de la crisis, da prioridad a las políticas educativas, asume un decidido compromiso con las políticas sociales y la igualdad de oportunidades e incide en la creación de empleo y la formación.

Una visión muy distinta a la de la oposición (PP e IU), que rechaza las "engañosas y cobardes" cuentas del 2010 y está convencida de que no servirán para combatir el alto índice de desempleo ni para salir de la crisis económica, al tiempo que critica el "entreguismo" de Griñán con Zapatero en temas de deuda histórica y financiación autonómica.

El presupuesto para 2010 cuenta con una importante disminución de los ingresos tributarios (-21%), tanto por la caída de las entregas a cuenta del Estado como por la menor recaudación de los tributos de gestión propia. Para compensar la reducción, los ingresos por operaciones financieras se incrementarán un 78,8%. De este modo, la Junta seguirá utilizando el tope de déficit público que permite la Ley de Estabilidad y recurre a la deuda pública para financiarlo.

De la cantidad total presupuestada, 28.267,6 millones corresponden a ingresos no financieros, que experimentan un descenso del 7,9%, en buena medida debido a la importante caída tributaria. En la ley presupuestaria se apuesta por la colaboración público-privada para financiar inversiones en infraestructuras y sectores estratégicos tras caer la inversión de la Junta un 6,8% hasta los 7.112 millones.

Entre otras medidas, se limita la creación de nuevas plazas de servicios generales de la administración, se congelan las retribuciones de altos cargos y se ponen topes a las de directivos de empresas públicas, pero no a los elegidos por el Parlamento o a los que desarrollen su actividad en condiciones de mercado, lo que ahorrará 134,4 millones.