La alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz, aseguró ayer que el comienzo de las demoliciones de construcciones irregulares demuestra que el Consistorio trabaja "para devolver la seguridad y la normalización, porque no todo tenía cabida en el urbanismo de la ciudad. Se trata de una muestra clara de cómo será el futuro en Marbella", apuntó.
Por el momento, ya se ha iniciado el derribo de 34 viviendas en la urbanización Golf Río Real, en Las Chapas, promovidas por Naviro Inmobiliaria, del granadino José Avila Rojas, imputado en el caso Malaya. En los próximos días, también se demolerán seis viviendas adosadas de la urbanización Linda Vista Alta en San Pedro Alcántara, a cargo de la promotora Prosavi.
En ambos casos, las edificaciones cumplían con los requisitos establecidos para acometer el derrumbe: "No se encontraban habitadas ni fueron adquiridas por compradores de buena fe, no han sido regularizadas por el PGOU que elabora el Ayuntamiento ni contaban con licencia municipal", explicó Muñoz.
El Ayuntamiento de Marbella dio luz verde hace siete meses a una orden de demolición en cumplimiento del acuerdo con la Junta que facilitó la ejecución anticipada el PGOU antes de su entrada en vigor a finales de este año. "Este decreto fue asumido por los propios promotores, que solicitaron el permiso para el derribo haciéndose cargo de los costes", añadió la alcaldesa.
Por el momento, éstos serán los únicos derrumbamientos que se acometerán, a la espera de lo que ocurra con otras 500 viviendas irregulares que no tendrían cabida en la regularización que se realizará con la puesta en marcha del PGOU y que afectará a unas 18.000 viviendas.
El empresario Avila Rojas instó ayer a las administraciones a que agilicen la tramitación del nuevo PGOU para que haya "reglas de juego legales" a las que atenerse.
