Las irregularidades urbanísticas en Alcaucín (Málaga), cuyo alcalde fue detenido el viernes en una operación anticorrupción junto a otras 12 personas, no eran desconocidas para nadie. La Fiscalía alertó ya en el 2006 de que las prácticas urbanísticas "delictivas" se iban extendiendo desde la Costa del Sol hacia la sierra oriental de Málaga, y la Junta de Andalucía impugnó en los últimos seis años 27 acuerdos municipales, la mayoría referidos a licencias de construcción "indebidas".

La comarca de la Axarquía ha experimentado un enorme auge demográfico en la última década, sobre todo por los británicos que han llegado atraídos por los pueblecitos blancos encaramados en la sierra, con buen clima y cerca del mar.

Sin embargo, según los ecologistas, el escenario no es tan idílico. En el caso de Alcaucín, se asientan en casas aisladas del núcleo urbano sin ningún tipo de viarios, servicios públicos o saneamiento, por lo que las aguas fecales se acaban vertiendo a los acuíferos de la zona, con el consiguiente riesgo medioambiental.

El desarrollo urbanístico del municipio, eminentemente agrícola, se basó en la construcción desmesurada en suelos rústicos, y por tanto no urbanizables y gracias a la falta de planes de ordenación. Ecologistas en Acción ha presentado un centenar de denuncias desde el 2000, aunque al ser archivadas por la Administración regional las últimas las remitieron a la Fiscalía, responsable de la actual operación policial.

Mientras el PP acusaba a la Junta de Andalucía de haber "mirado hacia otro lado" y reclamaba la convocatoria de un pleno extraordinario sobre corrupción urbanística, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, negó que el Gobierno regional se haya cruzado de brazos y aseguró que sobre el urbanismo de Alcaucín se tramitaron 21 denuncias de particulares y se impugnaron otros 27 acuerdos municipales referidos a licencias anómalas.

Espadas recordó además que Andalucía no dispuso de herramientas válidas hasta el 2002, año en que se aprobó la ley de ordenación urbanística. Desde esa fecha hasta el 2005 se tramitaron 800 denuncias.