Los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1999 a 2003 Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano firmaron ayer con la Fiscalía la conformidad en cinco causas urbanísticas pendientes de juicio.

Esta medida se enmarca en el pacto alcanzado por los ex ediles por el que ingresarán en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que se encuentran imputados, acuerdo similar al suscrito con anterioridad por los integrantes del equipo de Gobierno marbellí de 1995 a 1999, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz.

Los tres ex concejales disfrutan del tercer grado penitenciario después de que ingresaran de forma voluntaria en prisión en noviembre de 2008 tras pactar con el Ministerio Público una pena de nueve meses de cárcel por otra causa urbanística.

Reñones, García Muñoz y Troyano rubricaron un acuerdo con la Fiscalía sobre cinco procedimientos que se encontraban en los juzgados de lo penal de Málaga pendientes de señalamiento.

Estos escritos de conformidad deberán ser firmados también por los ex concejales José Luis Fernández Garrosa y Javier Lendínez, integrantes también de la Corporación marbellí de 1999 a 2003, pero este último se encuentra en busca y captura por el caso Malaya.

En los escritos de conformidad la Fiscalía expresa su acusación de nueve meses de prisión para los imputados --así como su solicitud de inhabilitación para los ex ediles y anulación de la licencia urbanística-- y los interesados y sus defensas muestran su acuerdo con objeto de que el juez dicte sentencia sin necesidad de celebrar juicio.

El Ministerio Público deberá trasladar dichos escritos a las acusaciones particulares cuyas solicitudes de penas sean superiores a las de la Fiscalía para que presenten su conformidad y, en el caso de no estar de acuerdo, debería celebrarse el juicio.

PACTO MARCO El resto de causas urbanísticas que contempla el pacto se corresponde con aquellas que están en fase de investigación, en instrucción o se encuentran a falta de algún trámite para alcanzar el estado procesal similar al que ayer se puso rúbrica.

El pacto marco entre la Fiscalía y los ex ediles de la Corporación de 1999 a 2003 establece una sentencia de nueve meses de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad.