El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella ha acordado la ejecución provisional de la sentencia que obliga a la ex alcaldesa de la ciudad Marisol Yagüe a pagar 908.000 euros por las obras de remodelación de su chalé, así como más de 272.000 euros en concepto de intereses y costas. En el auto, el juez accede a la demanda formulada en julio por Copasur, empresa que llevó a cabo las labores de reforma de la vivienda de Yagüe, decretando la ejecución provisional con el incremento de la sentencia en un 30% por intereses y costas, lo que supone una cuantía de casi 1,2 millones de euros.

El juez Jorge Jiménez Martín ordena además el correspondiente mandamiento de mejora del embargo de la casa de la ex regidora por importe de casi 231.000 euros al existir sobre la propiedad un embargo preventivo decretado al inicio del proceso civil por el montante que reclamaba la constructora, que ascendía a 950.000 euros.

El auto establece que la resolución contra la ex alcaldesa de Marbella es firme, por lo que no cabe recurso alguno, y señala que al tratarse de una condena dineraria Yagüe no podrá oponerse a su ejecución provisional.

ROCA DABA LAS ORDENES Por otro lado, el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, cuya declaración originó la investigación del caso Malaya, aseguró ayer ante la juez que las licencias municipales se concedían "por los designios" del ex asesor Juan Antonio Roca.

González declaró como testigo en un juicio por un presunto delito contra ordenación del territorio en el que están imputados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) por conceder una licencia de obra para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable. Según este funcionario, la tramitación de los expedientes de permisos de obras se concedieron "de manera arbitraria" durante todo el mandato de Jesús Gil, e insistió en que el responsable era el ex asesor de Urbanismo ya que "todo pasaba por él".