El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer el proyecto de la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, con el voto contrario del PP y la abstención de IU y el Grupo Mixto.
La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, destacó al término del debate que se trata de una ley "absolutamente necesaria", que va a dar "mayor garantía y un horizonte mucho más amplio" a las entidades profesionales.
El portavoz del PP, Juan Santaella, que ironizó sobre la "generosidad" del PSOE al aceptar sólo una de las 27 enmiendas defendidas por su grupo, dijo que este proyecto de ley "es malo" y se presenta de forma "precipitada", tras lo que denunció el "intervencionismo" del Gobierno andaluz en esta materia, y vaticinó que esta ley va a provocar un nuevo contencioso en el Constitucional.
Según el PP, este proyecto no se sustenta por el "exceso competencial" atribuido a la Junta, que "condiciona y recorta" las facultades de los colegios profesionales "limitando su propia capacidad de regulación".
En este sentido, opinó que la normativa "encorseta y dirige" a los colegios profesionales, que "tienen ya unas competencias atribuidas por la ley básica del Estado", al tiempo que denunció que "ataca" la base reguladora en su régimen sancionador.
Antonio Romero, portavoz de IU, reconoció que esta ley representa "un paso" para la regulación y organización de los colegios profesionales, pero destacó la existencia de discrepancias "ideológicas de fondo" por la articulación de las profesiones liberales en estas entidades.
El diputado del PSOE José Antonio Marín Rite, que recordó al PP que las leyes se aprueban por mayoría de la Cámara y que esa es la "regla de oro" de la democracia, dijo sobre la "peripecia" que puede sufrir esta normativa que lo que hay que hacer es "esperar" y advirtió de que el ejercicio de la ley, de los derechos, nunca es una "amenaza".
La Ley Reguladora de los Colegios Profesionales establece la adscripción obligatoria a estas instituciones para el ejercicio de las profesiones colegiadas, salvo en el caso de quienes ejerzan su profesión con exclusividad al servicio de la Administración pública, en cuyo caso serán las propias administraciones las que asuman las funciones de tutela que tienen delegadas los colegios.
La nueva normativa recoge la creación de un registro en el que deberán inscribirse todas las corporaciones profesionales que tengan su ámbito de actuación dentro de la comunidad, donde existen casi medio centenar de profesiones colegiadas, aunque no todas son de ámbito regional, y una veintena de colegios de Consejos de Colegios Profesionales.
Con anterioridad a la aprobación de esta ley, el Pleno del Parlamento autorizó la creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.
INCONSTITUCIONALIDAD
Por su parte, el Consejo Andaluz de Enfermería advirtió ayer de que la ley de colegiación tiene "claros" visos de inconstitucionalidad y consideró que es "sin duda un ataque brutal a la sociedad civil de la comunidad", según indicó su presidente, Florentino Pérez.
