La Junta de Andalucía espera recaudar más de 19 millones de euros de los impuestos que cobrará a las empresas que gestionan los residuos radiactivos y peligrosos, y unos 21 millones más de los impuestos que gravarán la contaminación atmosférica y de aguas litorales.
La aplicación de esta iniciativa legislativa afecta a la instalación de El Cabril (Hornachuelos), gestionada por Enresa, empresa que pasará a convertirse en el mayor contribuyente por impuesto ecológico de Andalucía con una tasa que alcanzará los 14 millones de euros.
Estos nuevos impuestos, junto a la llamada tasa para la prevención y control de la contaminación, se recogen en el anteproyecto de Ley de Fiscalidad Ecológica, que el Gobierno andaluz pretende aprobar en esta legislatura y que establece, además, bonificaciones a las empresas que adecúen sus sistemas de producción para que su actividad tenga un menor impacto medioambiental.
ACUERDO CON LOS VERDES
El Consejo de Gobierno dio ayer "luz verde" al inicio de los trámites para la aprobación de este anteproyecto. La consejera de Economía, Magdalena Alvarez, recordó que la aprobación de esta ley fue un compromiso del presidente Chaves tras el acuerdo alcanzado con Los Verdes. Alvarez aseguró que esta normativa "no es un canto al sol" y precisó que es una ley "posible de aplicar", tras lo que recalcó que el anteproyecto es "abierto y flexible".
A diferencia de las normativas sobre fiscalidad ecológica de otras comunidades autónomas, la ley andaluza tiene como novedad que orienta al sistema productivo "incentivándolo, no castigándolo", al tiempo que recoge la creación de un fondo extraordinario para hacer frente a cualquier circunstancia en el ámbito medioambiental.
La nueva ley se implantará de forma progresiva y la finalidad de la fiscalidad es promover cambios hacia procesos de producción menos contaminantes, favorecer un uso racional del agua y reducir la producción de residuos fomentando el reciclaje.
El efecto disuasorio y la compensación del coste por el impacto medioambiental son los objetivos de esta ley, así como incrementar la capacidad financiera de la Administración para llevar a cabo proyectos medioambientales y, ello, mediante el principio de responsabilidad, de forma que el coste del impacto por el uso de los recursos sea asumido por el causante.
Para ello, se establecen una serie de impuestos, que en el caso de los residuos radiactivos, que afectará a las instalaciones de El Cabril, en Córdoba, se estima que se recaudarán cerca de 14 millones de euros de acuerdo con el volumen de residuos almacenados en el 2002, mientras que del impuesto por residuos peligrosos se obtendrán unos 5,2 millones de euros, a cargo de las instalaciones de Nerva y Jerez.
Se calcula además que se recaudarán 16,7 millones de euros del impuesto que gravará la emisión de gases en la atmósfera y otros 4,9 millones de la tasa sobre las aguas litorales.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, recalcó que esta normativa es "un buen ejemplo de la coherencia del Gobierno andaluz y su apuesta decidida por el medio ambiente".
