La Junta se capacita para frenar el urbanismo ilegal

El pleno de la Cámara andaluza aprobó ayer, con el apoyo del PSOE, PA, IU y Grupo Mixto, y el rechazo del PP, la Ley de Ordenación Urbanística, que capacita a la Junta a actuar contra las infracciones urbanísticas más graves en caso de inactividad de los ayuntamientos.

La norma, mejorada por la oposición, según la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, permitirá a la Junta actuar contra la infracciones graves si en un mes los ayuntamientos se mantienen inactivos, refuerza el urbanismo como una función pública y apuesta por el desarrollo sostenible.

A la ley se le incorporaron 57 enmiendas de la oposición (25 de IU; 13 del Grupo Mixto; 10 del PA y 8 del PP), y sustituirá a la norma de 1997, paralizada por el Tribunal Constitucional, a la vez que establece medidas para agilizar y detectar actuaciones ilegales.

Aunque la capacidad inspectora y de suspensión recae en los ayuntamientos, la norma permitirá hacerlo a la Junta cuando se realicen actividades sin instrumento de planeamiento preciso para su legitimación.

Una de las novedades es la existencia del agente urbanizador, que actuará en caso de que los dueños de solares no tengan proyectos sobre ellos, y la Administración, por concurso público, podrá conceder a este agente la adecuación de la zona.

También incluye el tratamiento que da a la franja de servidumbre de protección del litoral --unos 100 metros-- de forma que sólo permite la urbanización en este espacio para uso y disfrute público, prohibiéndose los usos privados no residenciales.

De igual forma, recoge una cesión a los ayuntamientos del 10% del suelo urbanizable por parte de los promotores urbanísticos, añadió la consejera.

INTERVENCIONISMO

Jorge Ramos, del PP, que no descarta recurrir la ley ante el TC, dijo que su finalidad es "el intervencionismo, no está consensuada y es una norma del PSOE que responde al capricho" de este partido, y aclaró que a ella se oponen varios colegios profesionales.

Juan Vicente Acuña (IU) abogó por la cooperación institucional como base de esta ley, en especial con los ayuntamientos o la apuesta por la vivienda pública.

Ildefonso Dell´Olmo (PA) consideró que la ley avanza en la intervención pública del mercado del suelo y apuesta por los principios de participación, trasposición y concurrencia, aunque precisó que en la norma se puede atisbar la intervención de la Junta en aspecto municipales.

Pedro Pacheco (Grupo Mixto) señaló que la norma responde a una actitud "pasiva y conservadora" del Gobierno andaluz, al que recriminó que haya situado a la comunidad en la "última" que legisla esta materia, y opinó que esta hecha bajo el "síndrome Marbella".