El Defensor del Pueblo resalta la labor de Emet y del Consistorio

Fernández Marugán conoce el proyecto de atención a mujeres y niños inmigrantes

Francisco Fernández Marugán, Rafael Llamas y María Luisa Rodas, en el despacho de la Casa Museo del Inca Garcilaso.
JOSÉ ANTONIO AGUILAR
Juan Pablo Bellido

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó a mediados de julio la Comunidad Terapéutica «La Muela», situada a nueve kilómetros del casco urbano de Montilla, para conocer el proyecto de atención a mujeres y niños inmigrantes que desarrolla la Fundación Emet Arcoiris, con el respaldo del Ayuntamiento.

Fernández Marugán, que previamente visitó Montilla en compañía del alcalde, Rafael Llamas, y de varios miembros de la Corporación municipal, mostró su preocupación por la situación de estas mujeres que llegan en situación irregular a las costas con sus hijos e hijas o en avanzado estado de gestación.

«Muchas de ellas no son reconocidas en un primer momento como víctimas de trata y, por eso, no entran en los recursos existentes», reconoció Fernández Marugán, quien resaltó que «por ese motivo son tan importantes centros como el que gestiona Emet Arcoiris en Montilla».

El Defensor del Pueblo valoró positivamente la colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Migraciones, la Fiscalía de Córdoba, la Consejería de Bienestar de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla para hacer realidad este tipo de proyectos pioneros que atienden de forma integral a estas mujeres y a sus hijos.

«La Oficina del Defensor del Pueblo siempre ha apoyado este tipo de proyectos y ha formulado recomendaciones y sugerencias a las administraciones implicadas para que estas mujeres y sus hijos cuenten con mecanismos de protección adecuados», recordó su titular, quien defendió la necesidad de elaborar un protocolo nacional para la detección y protección de víctimas de trata menores de edad. Además, reclamó que los niños que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados sean considerados siempre «en situación de riesgo». Por ello, valoró positivamente que desde 2013, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras registre los datos de los menores que acceden de manera irregular a España y los relacione con los adultos que los acompañan pero reclamó que estos datos sean compartidos con cuerpos policiales extranjeros.

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