Los trabajadores de la recogida de naranja del casco urbano de Palma del Río denuncian impagos

El sindicato CTA, la asociación La Otra Orilla de Palma del Río y los trabajadores encargados de realizar la recogida de la naranja agria en la ciudad han denunciado este viernes su situación de impago. Son 26 afectados de especial vulnerabilidad a los que la empresa les adeuda quince jornadas trabajadas durante el pasado mes de marzo de 2026, e indican que también están en su misma situación otras dos cuadrillas de 22 trabajadores de Córdoba.

Francisco Moro, representante de CTA, ha explicado que "el Ayuntamiento contrata a una empresa y esta empresa subcontrata a su vez a otra empresa", algo que, según el representante sindical, "es ilegal". Los propios trabajadores explican que no tienen contratos ni nómina en su poder. Además, CTA indica que la empresa "está en concurso de acreedores".

Sospechan que no han sido dados de alta

CTA ha convocado una manifestación para el próximo 21 de agosto a las puertas del ayuntamiento palmeño en señal de protesta por este asunto ya denunciado por PSOE e Izquierda Unida en dos plenos municipales. CTA exige ver el expediente administrativo "donde consten los trabajadores y el alta en la seguridad social" porque "sospechamos que no han estado dados de alta", expuso Moro.

Babacar Seck, uno de esos jornaleros afectados, explica que "somos 26 personas que tenemos familias, hijos, alquileres que pagar y comida que comprar. Si no cobramos, tenemos problemas. Llevamos cinco meses esperando", ha expresado el trabajador. Babacar también ha explicado que se ha reunido con la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, pero que siguen sin cobrar.

La vía judicial alargaría los plazos

Antonio León Lillo, presidente de La Otra Orilla, han recordado que si usan la vía contenciosa o judicial para que los trabajadores cobren a través del Fondo de Garantía Salarial "puede tardar años", un plazo inasumible para un colectivo especialmente vulnerable.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ya respondió a preguntas de los grupos de la oposición que se había requerido toda la documentación e información a la empresa adjudicataria de realizar el servicio. "Una vez tengamos toda esta información, el departamento jurídico tendrá que valorar las consecuencias de todo lo que están sufriendo estas personas, con un ayuntamiento que ha pagado", exponía la alcaldesa.