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Comienza la campaña de recolección del ajo: Córdoba prevé un aumento de la cosecha de hasta el 50%
La provincia cordobesa prevé un incremento de la producción gracias a las lluvias invernales, aunque la superficie cultivada se mantiene en mínimos históricos, y advierte de la amenaza de las importaciones de Egipto

Cabezas de ajos recolectadas en la Campiña cordobesa.. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR
A lo largo de esta semana dará comienzo la campaña de recolección del ajo en la provincia de Córdoba, concretamente en torno al 15 de mayo. Las labores se iniciarán con la variedad spring para concluir posteriormente con el ajo morado. Desde la sectorial del ajo de Asaja Córdoba, su presidente, Miguel del Pino, prevé un incremento de la cosecha de entre un 40% y un 50% respecto al año pasado, que superó levemente las 8.000 toneladas, un dato muy positivo impulsado fundamentalmente por las abundantes lluvias de invierno.
Según los datos oficiales presentados en la última asamblea de la Mesa Nacional del Ajo, las previsiones para la provincia de Córdoba en 2026 apuntan a una superficie sembrada de 900 hectáreas, con una producción estimada de 11.100 toneladas, lo que certifica la recuperación productiva frente al ejercicio anterior.
A pesar de que se espera una "calidad excelente", la superficie cultivada en la provincia se mantiene estancada "en cifras históricamente bajas". La extensión actual se sitúa por debajo de las 1.000 hectáreas, muy lejos de las 7.000 que la provincia llegó a albergar en otras épocas.

Mesa nacional del ajo. / CÓRDOBA
Esta contención se debe principalmente a la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua durante la época de siembra (otoño e invierno) y a los "elevados costes de producción", que actualmente oscilan entre los 12.000 y 15.000 euros por hectárea. Esta falta de garantías hídricas ha obligado a muchos productores cordobeses a desplazar sus plantaciones a provincias vecinas como Granada o Málaga, o incluso a otras regiones como Castilla-La Mancha o Valladolid.
El contexto andaluz y nacional
A nivel autonómico, Andalucía refleja un comportamiento globalmente positivo para esta campaña. Las previsiones para 2026 sitúan la superficie cultivada andaluza en 3.360 hectáreas. En cuanto a la producción, se esperan 37.800 toneladas en toda la comunidad, lo que representa un considerable aumento del 31,4% respecto al volumen del año 2025.
En el panorama nacional, España cuenta este año con una superficie cultivada de 24.400 hectáreas y una previsión de producción que alcanza las 237.800 toneladas.
La amenaza del mercado egipcio y la exigencia de medidas
Sin embargo, "las buenas perspectivas de cosecha se ven ensombrecidas por la profunda preocupación del sector ante la pérdida de mercados y la caída de precios”. Esta situación es consecuencia directa de la entrada masiva y temprana de producciones desde Egipto, un "enemigo peligroso que satura el mercado europeo antes de que comience la recolección local". Las importaciones de la Unión Europea procedentes de terceros países han acumulado un crecimiento del 122% en cinco años.
Dentro de esta escalada, destaca el notable y alarmante crecimiento de las importaciones de la UE procedentes de Egipto, país que se ha convertido en el segundo principal abastecedor con 19.555 toneladas, solo por detrás de China. Esta cifra supone más del doble de las 9.655 toneladas que Egipto exportó a la UE en 2024. Además, este ajo egipcio entró en 2025 a un precio medio de 1,5 euros el kilo, lo que representa una caída de 20 céntimos por kilo respecto al año anterior, "reventando la competitividad del mercado". A esto se suma el incremento de los costes logísticos y de los fletes marítimos a causa del conflicto armado en Irán y las tensiones en el transporte internacional.
Exigencias planteadas a la UE
Ante este escenario de "grave pérdida de competitividad", Asaja Córdoba se ha sumado a las exigencias planteadas en la Mesa Nacional del Ajo para reclamar a la Unión Europea acciones contundentes de defensa comercial:
- Comprobar si el acuerdo bilateral entre Europa y Egipto contempla la activación de una cláusula de salvaguardia y, en su caso, valorar la posibilidad de promover su aplicación urgente.
- Actualizar el arancel disuasorio de 1.200 euros/tonelada establecido en 2001 para las importaciones chinas, ya que la inflación acumulada del 77% en España entre 2001 y 2025 ha reducido significativamente su verdadera capacidad protectora.
- Un refuerzo inmediato de la supervisión y vigilancia en las aduanas europeas para garantizar que todos los terceros países cumplen de manera estricta los requisitos vigentes, evitando cualquier situación de fraude comercial.
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