Todos contra la nueva PAC en un año clave para el campo cordobés

El sector agroalimentario, uno de los más potentes de la economía cordobesa (si no el que más), afronta un año 2026 que se presenta a priori complicado para los productores. La clave está en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), que de acuerdo con la propuesta inicial de la Comisión Europea supondrá un tijeretazo a los fondos destinados a la agricultura, que probablemente irán destinados a mejorar las políticas de defensa en el continente en un escenario muy tensionado.

Lo cierto es que la idea de Bruselas no contenta a nadie. En el sector hay unanimidad a la hora de asegurar que la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen (Partido Popular Europeo), ha logrado poner a todos en su contra. Agricultores, ganaderos y pescadores ya se han manifestado en varias ocasiones ante la sede de la Unión Europea, y en esas concentraciones ha habido participación de asociaciones cordobesas.

Nadie se atreve a pronosticar por ahora cuánto perdería Córdoba con la reforma de la Política Agraria Común, pero en cualquier caso será mucho teniendo en cuenta el peso relativo del sector agroalimentario en la provincia. En el sector se habla de unos recortes que se moverían en una horquilla del 20 al 25% por lo que se conoce hasta el momento. España es el tercer perceptor de fondos de la PAC, con cerca de 8.000 millones de euros al año.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, alertó el pasado otoño de que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, «el sector agrario andaluz podría perder alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas con el modelo de PAC para 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, lo que tendría un grave reflejo en la economía de los productores».

¿Acuerdo en 2026?

En la última cumbre de Bruselas, los líderes de la UE concluyeron que haría falta un acuerdo antes de fin de 2026 para que los textos legales se aprueben en 2027 y no se produzcan interrupciones en la concesión de fondos en 2028; pero el pacto debe ser ratificado también por el Parlamento Europeo.

En paralelo, la CE ha propuesto su reforma de la PAC, con ideas como la limitación de ayudas por agricultor, los cambios de exigencias ambientales por «incentivos» y la propuesta de triplicar los fondos para las crisis. Nada de eso convence al sector.

Las patronales agrarias comenzaron el año 2025 con cierto optimismo, dado que pensaban que la anunciada reforma de la PAC podría actualizar las ayudas por primera vez en años para acompasarlas al aumento de los costes y de la inflación; hasta ahora esos fondos se congelaban año tras año. El jarro de agua fría llegó a comienzos del verano, cuando se dieron a conocer las líneas principales de la propuesta de Bruselas.

Eduardo Eraso, técnico de Asaja, aseguró que «se estaba hablando de darle importancia al sector agroganadero, pero ahora en vez de aumentar el gasto de la UE, se propone reducir la PAC en un 20%. Esto es lo más importante de la reforma».

Por su parte, Francisco Moreno, secretario provincial de UPA, declaró que «todas las reformas de la PAC se han hecho con otros criterios que no son los agrarios, sino economicistas y últimamente medioambientales, no agronómicos. Cuando una reforma de una política se hace atendiendo a todo menos la agricultura, no puede salir bien». Es un buen resumen de lo que se piensa en el sector.

Andrés Lorite, diputado responsable del área de Agricultura de la Diputación Provincial, señaló en un reciente encuentro con Diario CÓRDOBA que la reforma de la PAC ha puesto a todos en contra de la Comisión Europea. En su opinión, «la actual PAC que tenemos ya trajo menos fondos, más burocracia y el sector así lo reconoce, incluso se propuso una digitalización mal entendida». Además, y en esto coincide con las principales asociaciones del sector, «hay condicionantes ambientales excesivos». Lorite cree que se podría alcanzar una mayoría de bloqueo en el Parlamento, que tiene que dar luz verde a cualquier reforma. Está por ver si los grandes partidos eligen esa opción en Bruselas, aunque así lo manifiesten en el territorio nacional.

Por el momento, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde hace una semana a una reforma de simplificación de la Política Agrícola Común destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores y a reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas. Son propuestas destinadas a intentar convencer a los productores europeos.

Las nuevas reglas, respaldadas por una amplia mayoría de la Eurocámara —629 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones—, aumentan las ayudas a las pequeñas explotaciones, limitan los controles administrativos y flexibilizan algunos requisitos para el mantenimiento de las tierras agrícolas.

Ya no será común

Sin embargo, las críticas del sector cordobés, como las del resto del país, van mucho más allá de la pura materia económica. Creen que la Política Agraria Común, uno de los mayores logros de la UE, dejará de ser precisamente eso, común. Con la propuesta, los fondos específicos para la agricultura se diluirán en una gran bolsa de dinero que se repartirá a los países para que luego distribuyan las partidas donde quieran. No tiene por qué ser al campo. Cada país puede destinar más o menos fondos para el sector primario, lo que hará que aumenten las diferencias entre los productores de diferentes países. Ahora en todas partes la UE aporta el 75% de las ayudas y los estados el 25% restante, buscando un equilibrio que ahora se da por perdido.