Asaja Córdoba exige al Gobierno y a la UE compensaciones urgentes ante la "crítica" situación de la campaña del cereal de 2025

Asaja Córdoba alerta de la "grave crisis que atraviesa el sector cerealista" y reclama al Gobierno y a las instituciones europeas la puesta en marcha inmediata de todos los mecanismos de compensación económica destinados a garantizar la viabilidad de la campaña 2025. La organización agraria afirma que “los agricultores de cereal se encuentran actualmente en una posición insostenible debido a la entrada masiva de cereal procedente de países terceros”, que llega a los puertos españoles a precios "muy por debajo de los costes de producción de los agricultores nacionales".

Esta situación de competencia desleal está "hundiendo los precios en origen y comprometiendo de forma directa la continuidad de miles de explotaciones". Las características del cereal en la provincia, rendimientos bajos por hectárea y terreno de secano, supone, según Asaja, que "la falta de margen es más crítica" que en otras zonas del territorio nacional.

En la provincia de Córdoba hay dedicadas alrededor de 144.000 hectáreas de cereales. "Con un coste de producción mínimo de 280 euros por tonelada y precios de venta por debajo de 200 euros, muchos agricultores están vendiendo por debajo de lo que les cuesta producir", subraya Asaja Córdoba, que añade que “esa discrepancia amenaza la viabilidad económica de las explotaciones y sin ayudas compensatorias, muchas explotaciones podrían ver su rentabilidad reducida a niveles insostenibles”.

La organización señala que la PAC por sí sola supone un "ingreso insuficiente" para las familias agricultoras y ganaderas, ya que "no permite invertir y modernizar las explotaciones, no permite vivir dignamente del campo, y no es una renta atractiva para los jóvenes que pudieran estar interesados en incorporarse". Por ello, Asaja Córdoba exige compensaciones económicas que cubran la diferencia entre los precios.

Sin estas medidas urgentes, “miles de explotaciones cerealistas podrían verse abocadas a la ruina y a su desaparición inmediata, con el consecuente impacto económico, social y territorial en las zonas rurales”. De este modo, hace un llamamiento a las administraciones para que “actúen con celeridad y responsabilidad, adoptando decisiones que permitan salvaguardar el futuro de un sector estratégico para la seguridad alimentaria y el mantenimiento del medio rural”.