Nuevo parón a la equiparación del subsidio y la renta agraria para 60.000 trabajadores cordobeses

La convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio y, por tanto, la disolución de Las Cortes, parará la tramitación de la norma de equiparación de los derechos de los trabajadores agrícolas que reciben el subsidio agrario y los perceptores de la renta agraria.

En Córdoba esta paralización afectará a unos 60.000 trabajadores. Desde Comisiones Obreras, el secretario general de Industria de Andalucía, José Fuentes, ha lamentado tal paralización puesto que considera que se debería avanzar y garantizar «la equiparación en el sistema de protección para estos trabajadores de Andalucía y Extremadura, porque es anacrónico mantener dos sistemas para un mismo colectivo y considerábamos que era necesario unificarlo y establecer criterios homologados».

Pese a esta paralización, desde CCOO, indica Fuentes que van a «seguir insistiendo a partir de las elecciones y, gobierne quien gobierne, vamos a seguir peleando por la mejora de la protección social de todos los trabajadores eventuales agrarios unificando el sistema de protección, porque consideramos que hay que mejorarlo, reforzarlo y avanzar de manera decidida para que los trabajadores del sector agrario tengan un nivel de protección similar en ventajas y requisitos que los trabajadores del régimen general». 

El proceso de tramitación de esta norma se inició a instancias de una proposición presentada ante el Senado por el Grupo Socialista y defendida por Juan Espadas, con el fin de «equiparar los derechos y tener el mismo nivel de protección» de todos los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. Tras la defensa de la misma, la proposición fue aprobada, prácticamente, por unanimidad, pues solo se registraron 19 abstenciones.

El objeto de la norma viene a subsanar una situación anómala que contempla para un mismo colectivo de trabajadores dos formas de cotizar y tener prestaciones. El Subsidio Agrario entró en vigor el 1 de enero de 1984; y la Renta Agraria en 2003 y se creó «como prestación dirigida a jornaleros y jornaleras que quedaron excluidos del subsidio por los duros requisitos impuestos por el Gobierno del PP en el año 2002», según expuso Espadas en la defensa de la iniciativa. El problema radica en que en dos sistemas aparentemente iguales, es distinto el cómputo de jornales necesarios para acceder a la prestación.

Uno de los grandes agravios lo tienen los trabajadores mayores de 52 años, ya que mientras en los perceptores del subsidio que cumplan algunos requisitos no tendrán que reunir jornales para poder cobrar, los de la renta agraria tienen que mantener su actividad laboral hasta su jubilación.

Una vez que la moción socialista fue aprobada en el Senado se ponía en marcha el procedimiento para su materialización, que ha de pasar por el Congreso, donde se debería haber tramitado una proposición de Ley que sacara el asunto adelante. Las elecciones han paralizado un procedimiento que ahora deberá ponerse en marcha de nuevo. 

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