La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) para analizar cuestiones que afectan al sector y la situación actual de éste y en especial sobre todo lo relacionado con los elevados costes de producción y nueva Política Agraria Común (PAC) y el Plan Estratégico Nacional. Todos coincidieron en señalar la «necesidad urgente» de la aplicación, por parte del Estado, de la doble tarifa eléctrica para el regadío, que supondría un ahorro en la factura para el regante de un 20%.

La consejera de Agricultura resaltó, además, que «en Andalucía se está trabajando y el sector se está preparando para la entrada en vigor de la PAC para el período 2023-2027» en tanto se procede al desarrollo normativo estatal para su aplicación. En este contexto, la mesa coincidió en la pertinencia de que haya una mayor flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, ya que el retraso legislativo y la situación de incertidumbre provocada por el conflicto de Ucrania, que pone en riesgo la seguridad alimentaria europea y mundial, requiere mayor seguridad jurídica y garantías para agricultores y ganaderos en el desempeño de su actividad.

La consejera reiteró que «no podemos convertir la nueva PAC, y en concreto las prácticas medioambientales, en un coste de producción adicional y un obstáculo más». Crespo destacó que «por nuestra parte hemos flexibilizado hasta el máximo que se nos permite, pero ahora le toca al Gobierno de España que haga lo posible para conseguir esa máxima flexibilidad». El Gobierno andaluz ha sido el primero en realizar esta petición al entender que «el sector lo necesita y de esta forma se podría dar una moratoria necesaria para la entrada en vigor de los ecorregímenes», dijo Carmen Crespo, quien entiende que con más tiempo para la adaptación de estos se evitarían unos gastos que coinciden con un «momento muy difícil por la situación que viene generando la inflación, con la pérdida de rentabilidad que ello supone, a lo que se le une también las consecuencias de la sequía».

La Consejería ha venido apuntando que «varias regiones productivas andaluzas salen perjudicadas y que, en el caso del olivar andaluz, se perderá alrededor de 79 millones de euros en el período de aplicación de la nueva PAC (2023-2027), lo que contrasta con la buena ejecución que este sector ha venido haciendo históricamente con los fondos europeos». Desde la Junta de Andalucía apuntan que «se ha venido defendiendo el carácter ambiental y social del olivar y su contribución a la conservación del medio ambiente, así como su aportación al desarrollo rural».

Por ello, las alegaciones que presentó Andalucía, y que trabajó con todas las organizaciones, pasaban por la designación del olivar como un ecorregimen por sí mismo. De esta forma, los olivareros, especialmente aquellos con fincas en terrenos con más dificultades, no tendrían que llevar a cabo nuevas prácticas medioambientales, sino que cumplirían automáticamente con los requisitos de la nueva PAC.