El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se reunió este lunes con personal técnico para analizar las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y evaluar las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno. A través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), participaron representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque no estuvieron presentes los ministros. También acudieron al encuentro representantes de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias.
Tras la reunión, el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado haciendo balance de las medidas adoptadas en el decreto de marzo e indicando que de los informes de seguimiento presentados por las comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, declaró horas después que el encuentro de la comisión técnica de la Mesa Nacional de la Sequía convocada por el Gobierno «defraudó» las expectativas de la Junta, que demandó al Ejecutivo central «compromiso» en el actual contexto, que requiere de «nuevas medidas» a nivel político. En unas declaraciones en Dúrcal (Granada), Crespo lamentó que la reunión fuera del «grupo técnico» de la Mesa de la Sequía para hacer un seguimiento de las medidas «adoptadas en marzo».
La titular andaluza de Agricultura resaltó que la Junta ha activado dos decretos de sequía con medidas por «un importe de 141 millones de euros» para el 33% de las cuencas, que son de su competencia, si bien necesita del «auxilio del Gobierno de España» para la zona que depende de su gestión, un 67% del total. Sobre las medidas implementadas por el Ejecutivo central, criticó que el decreto relativo a la cuenca del Guadalquivir conlleve un importe de 9,6 millones de euros, en un momento en que los embalses de Andalucía tienen una media de «26% de su capacidad».
Las peticiones de la Junta en este contexto pasan por la doble tarifa eléctrica para el regante, la bonificación del agua desalada, la bajada de los impuestos a los agricultores, y la reprogramación de los fondos Next Generation, pues, de lo contrario, está «en desventaja gran parte de España» y sobre todo «la parte del sur del sur más seca». Asimismo, insistió en su petición de que se comience o se dote de un ritmo más ágil a infraestructuras de interés del Estado en la comunidad pendientes como las canalizaciones del sistema de Rules, en la costa de Granada, que son «vitales para la situación de sequía», en la línea además de lo analizado con las organizaciones agrarias en la mesa de interlocución. «Estamos dispuestos a trabajar hombro con hombro» por el interés general de los ciudadanos, ha señalado Crespo, que apostó por juntar «las manos» con el resto de administraciones.
