La reforma de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entre sus novedades prohíbe la venta a pérdidas, ha superado este jueves su último debate en el Congreso de los Diputados. La Cámara baja ha aceptado casi todas las enmiendas introducidas en el Senado, de las que muchas eran correcciones técnicas, revisando así en segunda lectura el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresó en el pleno su agradecimiento a los grupos parlamentarios por la tramitación de esta ley, que supone «un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria». En declaraciones a la prensa, Planas aseguró que la reforma es «la más importante» que se aprobará esta legislatura para el sector, si bien se necesitará un tiempo para ver sus efectos porque se trata de «un cambio de cultura muy profundo».
Entre los objetivos, mencionó los de lograr más transparencia en la formación de precios, mayor equilibrio entre eslabones y mejores instrumentos de negociación para los agricultores y ganaderos. «Eso no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI», declaró el ministro.
En una primera reforma de la ley en el 2020 se introdujo la obligación de incluir en los contratos, obligatorios para las transacciones de más de mil euros, la indicación de que el precio pactado entre los operadores cubre los costes de producción. La norma que ayer votó el Congreso tras un año de tramitación transpone la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.
Quedan finalmente incluidas situaciones específicas como la del plátano de Canarias o la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores y de que en la primera venta en las lonjas de pescado la factura tenga el papel de contrato.
La mayoría de los grupos parlamentarios considera que la reforma no es suficiente para atajar los problemas de la cadena alimentaria, sin descartar que haya que modificar de nuevo la ley más adelante. En el debate de las enmiendas, el diputado socialista Juan Francisco Serrano destacó que se trata de una «reforma protectora, garantista, de alto calado social y supera la lógica del más fuerte», ya que «viene a colmar las aspiraciones colectivas de un sector que ha tenido una reivindicación histórica» como es la de reclamar precios justos en el campo.
El parlamentario popular Joaquín García Díez acusó al Gobierno de no buscar el consenso con otros grupos y negó que la modificación legislativa vaya a servir para acabar con la venta a pérdidas y cubrir los costes de producción, dos promesas que se verán «incumplidas».
Ricardo Chamorro (Vox) criticó la «falta de ambición nacional» para defender al sector primario frente a las importaciones de países terceros que lo están «destruyendo», e Isabel Franco (Podemos) destacó que se aprueba «una de las mayores esperanzas de los productores para lograr precios justos», aunque ahora «toca aplicarla y desarrollarla con urgencia, valentía y rigor».
El diputado de ERC Xavier Eritja y la de PDeCat Concep Cañadell lamentaron que no se hayan incluido enmiendas sobre la posición de dominio como causa de desequilibrio en la cadena.
María del Carmen Martínez (Cs), insistió en que los agricultores siguen quejándose porque «una ley pensada para protegerlos les vuelve a dejar sin herramientas». El PNV se abstuvo y reprochó que la norma le deja «un sabor agridulce» porque, a su juicio, persisten los mismos problemas.
