Generalmente nos acordamos del recurso agua en dos momentos muy distintos, cuando diluvia y se producen inundaciones o cuando se produce un período de sequía y se secan los veneros, los arroyos no discurren y los embalses disminuyen su capacidad.
El clima mediterráneo se caracteriza en ocasiones por el carácter torrencial de las precipitaciones y la alta variabilidad de un año para otro, con períodos secos alternados con otros más húmedos. Incluso pueden pasar decenas de años que hacen olvidar por donde ha transcurrido el agua. Se ocupan cauces secos, riberas y llanuras de inundación. Como dice el saber popular, el agua de vez en cuando saca sus escrituras y se lleva por delante todo aquello que el hombre ha puesto por delante olvidando un conocimiento cultural y técnico acumulado notorio.
En el segundo caso disponemos del recurso agua como si fuera sempiterno. La almacenamos en grandes embalses a costa de sacrificios de territorios, poblaciones y biodiversidad y lo utilizamos sin prever suficientemente que llegarán períodos de sequía. Prima el beneficio a corto plazo y en cierto modo una utilización algo egoísta con consumos en algunos casos no apropiados para el siglo XXI. En estos períodos también nos acordamos de las aguas subterráneas y prolifera por doquier la realización de sondeos, en muchas ocasiones sin las pertinentes autorizaciones de los organismos correspondientes y que cada vez buscan el agua a mayor profundidad ante el agotamiento de los sondeos y pozos.
En estas situaciones, en el debate social únicamente se oye hablar de incrementar los regadíos en una cuenca como la del Guadalquivir, claramente deficitaria, en lugar de ahorro o redistribución de las concesiones. Es cierto que con el último Plan Hidrológico se ha dotado de un mecanismo para reducir el déficit en el caso de concesiones (derechos) que pueden incrementar la superficie de regadío mejorando la eficiencia y reservando un porcentaje de ahorro del 55 %, aunque se ha dejado una puerta abierta para aquellos casos que sean declarados de interés general o autonómico, puerta por donde se intentarán colar muchas iniciativas.
En un ámbito donde se desarrolla con celeridad el cambio climático y se predice con certeza la reducción de 180-220 mm del 2071 al 2100 se debe mirar con alza de miras para ir reduciendo de manera significativa el uso del agua en aquellos sectores donde más se consume, la agricultura, simplemente por una cuestión aritmética. Esta actividad requiere en la actualidad el 83% del volumen de agua que se necesita en toda la cuenca, que tiene un déficit aproximado de 250 Hm3/año.
Con la construcción de la Breña II muchos lanzaron las campanas al vuelo, sin embargo implica la imposibilidad de nuevas concesiones de aguas superficiales y, además, la imposición de un condicionado por parte de la Unión Europea para su financiación que obliga a no incrementar la superficie de regadío en el Sistema de Regulación General, además de desarrollar un plan para la preservación y recuperación de acuíferos e impulsar un proceso de modernización de regadíos. En otras palabras, en la cuenca no cabe una hectárea más de regadío, cuestión que se discutirá en el nuevo Plan hidrológico 2022-2027.
Ante esta situación, la demanda que siempre se realiza es más y más embalses, nuevamente a costa de hipotecar otros territorios y pérdida de biodiversidad, y todo ello a un coste económico y del que no hay suficiente certeza de que estos nuevos embalses se vayan a llenar. Por ejemplo, la Breña II no se ha vuelto a llenar desde 2011. En palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, «¿el análisis coste-beneficio es rentable para el conjunto de la sociedad teniendo en cuenta la inversión que hay que hacer no tanto en términos económicos, que también, sino en la recuperación ambiental que implica esta construcción?». Habría que recordar que la Breña II tuvo que acometer unas fuertes medidas compensatorias, cuyo mantenimiento ha sido abandonado en el 2019, diez años antes de su terminación, de forma más o menos unilateral y sin haberse cumplido los objetivos planteados en su día.
Se debe ser consciente de que se vive en una región donde el agua escasea y lo hará aún mucho más, por lo que las tensiones se irán incrementando con el paso del tiempo. Las administraciones competentes deberán aumentar sus controles y dotarse de un cuerpo fuerte de inspectores para racionalizar aún más el uso del agua. La cultura del ahorro y la eficiencia debe imponerse, en ello va el futuro de Andalucía.
