Cada día son más recurrentes en los medios de comunicación y las redes sociales las alertas sobre la implantación en el suelo rústico de las nuevas energías renovables, fotovoltaica y eólica, y sus efectos sobre la conservación de la biodiversidad, el paisaje, los aprovechamientos tradicionales de la tierra y la pérdida de las mejores tierras agrarias, muchas de ellas situadas en la Vega del Guadalquivir.
Es un hecho que el cambio climático está aquí y ha venido para quedarse. Sólo nos queda reducir de manera drástica la emisión de CO2 para mitigar los efectos que se van a producir y no acrecentarlos más. Desde hace décadas se viene alertando por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sus informes cada vez han tenido más certidumbre. La Unión Europea ha establecido en la legislación el objetivo de una UE climáticamente neutra de aquí a 2050. La Ley Europea del Clima establece un objetivo vinculante para la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (las emisiones una vez deducidas las absorciones) en, al menos, un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990. También tratará de lograr un mayor volumen de sumidero neto de carbono de aquí a 2030.
En España, tras haber pasado por el Congreso y el Senado, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha alcanzado un alto consenso. El compromiso con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con una reducción del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea. El Plan Nacional Integrado del Clima establece una penetración de renovables en un 42% (entre 4 y 2 puntos más que la UE) y en lo tocante a eficiencia energética el objetivo se eleva al 39,5% (entre 3,5 y 2,5 puntos más que la UE).
El cambio de modelo de producción de energía ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a elaborar con la información disponible de las comunidades autónomas unos mapas de zonificación ambiental para la implantación de energías renovables y la sensibilidad ambiental y clasificación del territorio para la energía fotovoltaica y energía eólica. Es una buena herramienta para orientar la implantación de este tipo de plantas dado que señalan abiertamente los lugares de sensibilidad baja. No obstante, aún queda información que no se ha actualizado sobre las áreas de protección de especies amenazadas en las comunidades, además de que algunas especies tienen un grado de amenaza mayor en éstas y, por tanto, no aparecen de forma neta en estos mapas del Ministerio.
Los promotores han entrado de lleno a desarrollar un modelo de grandes plantas que ocupan cientos o miles de hectáreas. Se ha calculado que en Andalucía pueden desaparecer bajo las fotovoltaicas más de 52.000 hectáreas. Los fondos de inversión han comenzado a participar y no conocen de impactos ambientales, ni ordenación del territorio, ni nada, solo buscan el mayor rendimiento económico. Además, se está produciendo un fenómeno de fraccionamiento de proyectos para eludir la tramitación a nivel nacional y entendérselas directamente con las comunidades autónomas. Ya hay sentencias de tribunales superiores de Justicia que señalan que aquellos proyectos que comparten territorio y elementos comunes deben evaluarse de forma conjunta y por la autoridad que tenga la competencia asignada.
Muchas de las iniciativas están obviando la planificación realizada y el mejor conocimiento técnico y científico disponible. Están promoviendo iniciativas en lugares que no son de baja sensibilidad ambiental. En la provincia de Córdoba existen dos zonas que son ejemplo de lo que no debe ser. Una está ubicada en el municipio de El Carpio, en una zona sensible para la conservación de las aves esteparias, y la otra, en el entorno de Guadalcázar, donde sobreviven los últimos encinares de la campiña y es una zona de dispersión de águila real, perdicera e imperial y otros valores recientemente sacados a la luz por la Sociedad de Cordobesa de Historia Natural.
La planificación del desarrollo e implantación de las instalaciones en la comunidad autónoma es una medida imprescindible para evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales, los movimientos especulativos en el sector y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a la redes para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.
