El observatorio Argos sobre el mercado de trabajo en el sector agrícola indica que en 2020 había, de media, 60.000 personas afiliadas en alta en el Régimen General del Sistema Especial Agrario (Rgsea) en la provincia de Córdoba. Los afiliados a este régimen suponen, de media, el 20,8% del total de las afiliaciones en la provincia.

El pasado año se registraban en Córdoba un total de 240.409 contratos en el sector agrícola, siendo el primer y el último trimestre los que acumularon un mayor número de contrataciones, coincidiendo con las campañas de la aceituna y los cítricos. Y prácticamente el total de los contratos fueron temporales. De hecho, solo se contabilizaron 536 contratos indefinidos en todo el ejercicio.

«El 96% de los contratos que se realizan en el campo cordobés son eventuales, son contratos de campaña, que no llegan a convertirse en fijos-discontinuos en la regulación del convenio colectivo en vigor, para lo que se necesitan 170 días anuales durante tres años consecutivos o cuatro años alternos en la misma empresa», explica el secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, Antonio Lopera.

En este sentido, José Fuentes, adjunto de Política Sindical y Sector Agrario de la Federación estatal de Industria de CCOO, apunta que «ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que viene a decir que para que un trabajador sea fijo-discontinuo no necesariamente tiene que trabajar equis jornadas durante las campañas, sino que por el hecho de que el trabajo es cíclico, que se repite en la misma época del año, ese trabajo tiene que ser fijo-discontinuo independientemente de los días y las campañas que haga».

La temporalidad es, sin duda alguna, la principal característica del mercado laboral agrario de la provincia y la que determina el resto de condiciones laborales que se registran en el sector, uno de los más precarizados, según los sindicatos.

Después de años de reivindicación, el 1 de enero de 2012 se produjo la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial Agrario (Reass), así como de los empresarios a los que prestan sus servicios. Se creaba así el Régimen General del Sistema Especial Agrario (Rgsea). El cambio debía suponer una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores del campo, pero tras casi una década poco ha cambiado en la forma de contratar en el medio agrario.

La figura del manijero sigue estando presente en los campos cordobeses y la mayoría de los empresarios agrícolas tienen sus cuadrillas de confianza, que contratan año tras año. Es decir, son pocas las ofertas de trabajo que se gestionan a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «Asaja ha creado una plataforma para poner en contacto a empresarios y trabajadores con el fin de buscar una actividad más dinámica», indica la patronal agraria, que apunta que, de hecho, en la recolección de ajos y cebollas del pasado año, debido al covid-19, «tuvo una gran demanda por parte de empresarios y trabajadores».

Para los sindicatos el problema no está en cómo se conocen empresario y trabajador, sino en cómo se desarrolla esa relación. «Es necesario evitar el encadenamiento de contratos temporales, limitar el volumen, los porcentajes y las modalidades de contratación temporal, así como establecer cláusulas de conversión de contratos temporales en fijos y fijos-discontinuos», subraya Lopera, quien afirma que «también es fundamental cambiar que los empresarios tengan las facilidades para declarar las peonadas del 1 al 5 del mes siguiente al que se han realizado».

Igualmente, Fuentes incide en que «el mecanismo de alta en la Seguridad Social de los asalariados del campo es un tanto perverso porque el empresario puede declarar las jornadas reales los seis primeros días del mes siguiente, lo que da pie a que haya mucha infradeclaración de jornadas y eso supone un fraude a la Seguridad Social y perjudica a los trabajadores en sus derechos derivados de las cotizaciones». Fuentes se ampara en que el número de jornales se mantiene estable anualmente, independientemente de si las cosechas son mayores o menores.

Otra de las reclamaciones de los sindicatos es que sea obligatorio firmar el contrato por escrito desde el primer día de trabajo, y que en el mismo quede reflejada la duración de la relación laboral.

Fuentes subraya que «CCOO plantea suprimir la norma que permite que hasta la jornada 28 no haya obligación de hacer contrato por escrito y pedimos que el sistema se asemeje al Régimen General».

Asaja apunta que el campo tiene una gran carga burocrática y cada vez más complicada y, por ello, se muestra reacia a modificar el sistema. Ello hace que, en la mayoría de los casos, la realización de estos trámites se realicen a través de asesorías, aunque excepcionalmente algún empresario lo realice directamente. La organización patronal dispone de un departamento laboral para darle cobertura en este ámbito a sus asociados, «especializándonos en el sistema especial agrario». «Vemos diariamente como va aumentando el uso de este servicio», comentan.

Lo que también crece es la presencia de trabajadores extranjeros en las distintas campañas agrícolas. Del total de contratos realizados en 2020, cerca del 18% se formalizaron con personas extranjeras. No obstante, la presencia de mano de obra de otros países en el campo cordobés es menor de lo que muchos empresarios agrícolas querrían. Esta cuestión ha generado no poca controversia entre empresarios y sindicatos. Los primeros insisten en que no encuentran trabajadores para recoger sus cosechas y los segundos hablan de incumplimientos del convenio colectivo y de abusos por parte de los primeros. Además, la representación de los trabajadores, que insiste en que la contratación en origen debe ser excepcional y no la norma, propone regularizar la situación de trabajadores extranjeros para poder contratarlos antes que traer mano de obra contratada en origen, y que las ofertas se realicen a través del SAE.

Aunque se temía que con el coronavirus hubiera falta de mano de obra para las campañas agrícolas, lo cierto es que la contratación durante el 2020 ha sido similar a la de años anteriores. En cualquier caso, los sindicatos ya piden al Gobierno que se reduzca de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para poder acceder a la renta agraria, una medida que beneficiaría especialmente a las mujeres.