Nada será igual mientras la propagación del covid-19 siga extendiéndose. La producción agraria fue considerada una actividad esencial y crítica que debía garantizarse para ofrecer alimentos a la población en el inicio de la crisis. Para ello, se mantuvieron los trabajos en las sucesivas campañas que se han desarrollado desde el pasado mes de marzo. En estos días se está procediendo en la provincia a la recogida de la uva, donde se mantienen las medidas sanitarias para evitar los contagios, como ya sucediera con el ajo, los cítricos, el olivar o en las distintas actividades agroganaderas que se realizaron desde el comienzo de la pandemia.

La Consejería de Agricultura ya dictó normas que garantizaron la seguridad durante el estado de alarma, medidas que se han seguido ampliando con la publicación de una guía para la prevención y control del covid-19 en las explotaciones agrarias con temporeros. Ahora, la Junta trabaja en una normativa específica para extremar las precauciones entre los temporeros. Sobre todo porque al riesgo de paralización de las explotaciones agroganaderas si aparece un positivo hay que unir también el quebranto que supone para la economía familiar que los trabajadores no puedan desarrollar su actividad. Así, la actividad suele concentrarse en pocas semanas y si se produce un contagio, o hay que mantener una cuarentena por haber tenido relación con un positivo, no tendrán ingresos.

A la espera de la normativa específica, la guía para las explotaciones con temporeros contempla cuatro principios básicos: la prevención personal, la limitación de contactos, la limpieza y ventilación y la gestión de los casos. De esta manera, cada persona trabajadora debe cumplir con las medidas de protección generales, como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, la higiene respiratoria y la desinfección de manos. Fundamental será también la limitación de contactos de los trabajadores para reducir la transmisión del virus. Además, en espacios cerrados se establecen medidas de limpieza y ventilación para evitar la propagación del covid-19. Por último, contempla una serie de acciones para agilizar la gestión de casos para una detección temprana y proceder cuanto antes al aislamiento y control de la transmisión.

Asimismo, se prevé que cada explotación agraria elabore un plan de actuación específica frente al covid-19. Entre las medidas que se contemplan ante las próximas campañas se incluye hacer un seguimiento de los temporeros para garantizar un movimiento seguro y que se fijen periodos de cuarentena cuando sea preciso. Cualquier labor agraria ya no se entiende sin la utilización de guantes y mascarillas en la recolección, aunque, cuando no sea posible, se fija el cumplimiento del distanciamiento entre personas. En esta nueva normalidad también será importante la creación de cuadrillas estables para que las medidas de precaución sean más fáciles de aplicar y controlar.

El desplazamiento de los trabajadores hacia la explotación, las entradas y salidas de la finca, la realización del trabajo y la estancia en alojamientos también se destacan como fundamentales para evitar los contagios. Así, en el caso de usar transporte público se deberán respetar las medidas previstas (uso de la mascarilla). En los vehículos particulares se aconseja que los trabajadores pertenezcan a la misma cuadrilla, el uso de mascarillas al entrar en el vehículo, la desinfección de manos antes de subir y la ventilación adecuada del vehículo durante el trayecto y después de finalizar. Además, se debe realizar una limpieza y desinfección del interior del vehículo al menos una vez al día. Tampoco se puede olvidar la limpieza y desinfección de los materiales de trabajo.

En los próximos meses se desarrollarán dos de las grandes campañas agrícolas del campo cordobés: la recogida de la aceituna (entre octubre y marzo) y de los cítricos (entre octubre y mayo). A estas cosechas hay que unir las innumerables labores agrarias que se llevan a cabo en los próximos meses en los tajos y en las explotaciones ganaderas. Sólo en Córdoba hay dados de alta unos 76.700 trabajadores del campo. El pasado año, el 46,5% de los contratos firmados en Córdoba fueron agrarios.