La nueva PAC 2021-2027 es diferente de las anteriores, tanto en la filosofía en que se inspira, como en su metodología e instrumentos de aplicación. Es verdad que, como suele ocurrir en todas las reformas de las políticas comunitarias en la UE, hay evidentes continuidades, pero, en este caso, son mayores los cambios.
Se mantiene la organización en dos pilares: el primero (ayudas directas) financiado por la UE a través del fondo Feaga, y el segundo (desarrollo rural) cofinanciado por el fondo Feader y los estados miembros. Se mantienen, aunque reforzadas, las condicionalidades para el cobro de las ayudas y se limitan los requisitos para ser beneficiario (agricultor genuino).
Permanece el viejo objetivo de fijar un tope máximo a la cuantía de las ayudas a recibir por un solo perceptor (capping) y persiste el propósito de reducir las diferencias por razones geográficas entre beneficiarios (convergencia, que conllevará una reducción de las actuales regiones agrícolas).
Se mantiene el objetivo de suprimir los «derechos históricos» para facilitar el acceso de nuevos agricultores al sistema de ayudas, y se potencia el programa de ayudas a la instalación de jóvenes en la agricultura.
Planes estratégicos
Un primer cambio es de planteamiento, ya que los estados miembros gozarán de un elevado nivel de autonomía para la aplicación de la PAC. Tendrán amplio margen de maniobra para definir las acciones que estimen más adecuadas para cumplir una serie de objetivos generales, comunes a toda la UE (sostenibilidad, cambio climático, relevo generacional, digitalización, biodiversidad, salud y sanidad de los alimentos, bienestar animal…). Y además podrán complementarlos con objetivos más específicos según las singularidades de sus respectivas agriculturas y las prioridades que quieran establecer a la hora de destinar los recursos de los dos fondos de la PAC. Por ejemplo, aprobando programas especiales o sistemas de ayudas acopladas en determinados sectores de importancia estratégica como podría ser el caso del olivar tradicional de sierra. Para ejercer esa autonomía, los Estados dispondrán del instrumento de los «planes estratégicos nacionales», que son la gran novedad de la nueva PAC. La elaboración y ejecución de estos «planes» constituyen un reto importante para las autoridades de gestión (el MAPA, principalmente, pero también las consejerías de las CC.AA.) Otra novedad es la figura de los «ecoesquemas». Con recursos del primer pilar de la PAC, estos programas incentivarán a los agricultores a modificar sus prácticas agrícolas y ganaderas en dirección de la sostenibilidad de sus explotaciones y la lucha contra los efectos del cambio climático. Los «ecoesquemas» son, además, un modo de complementar la ayuda básica a la renta del agricultor con otra ayuda condicionada, por tanto, a la realización de cambios en el modo de gestionar su explotación. Los agricultores dispondrán así de una interesante caja de herramientas para poder complementar los ingresos que reciben por la venta de sus producciones en el mercado, ingresos sometidos, como se sabe, a una gran volatilidad que escapa al ámbito de la PAC. Sólo con una mejor vertebración del sector agrario y mayor transparencia de la cadena alimentaria se le puede hacer frente al problema de los precios agrarios. Pero, dada la complejidad de hacer efectivas esas acciones, las ayudas de la nueva PAC son un buen colchón de seguridad para los agricultores.
Una política de Estado
La UE transfiere a los Estados la nada despreciable cantidad de 400.000 millones de euros en los próximos siete años. Y pone también a su servicio un conjunto de instrumentos de planificación estratégica para, complementando las directrices de la Comisión Europea, afrontar los problemas de sus agriculturas estableciendo las prioridades que estimen más adecuadas. Se abre un tiempo nuevo para la agricultura y la política agraria tras el reconocimiento de la importancia del sector agrario en el abastecimiento de alimentos durante la pandemia de la COVID-19. En el caso español, el sector agrario dispondrá de casi 7.000 millones de euros anuales provenientes de los fondos de la PAC, además de los que puedan venir del Fondo de Recuperación Económica. Es una oportunidad para definir una política agraria nacional que, con sentido de Estado, afronte el reto de la eficiencia y la innovación. No la desaprovechemos con mezquinas disputas territoriales.
